Salvo que Carles Puigdemont conteste al Gobierno hoy declarando la independencia y convocando elecciones constituyentes, el Gobierno y el PSOE planean tramitar lentamente el artículo 155 de la Constitución. La aplicación de este precepto, que permitiría suspender competencias y relevar al president y a otros miembros del Gobierno catalán, necesita ser aprobada por un Consejo de Ministros que, en principio, no será inminente. Mariano Rajoy se marcha a la cumbre de la UE y no estará presente en el Consejo de hoy [Siga en directo las últimas noticias sobre la crisis catalana].

Queda pues pendiente de fijar fecha en las próximas horas para una relevante cita en la Moncloa de la que deberá salir un informe en que se detalle qué pretende hacer el Ejecutivo central en Cataluña. Solo cuando ese documento vea la luz, quizás el sábado, se daría el segundo paso: su remisión al Senado para una tramitación que se tomará con calma. Mientras, el Ejecutivo toma como un «chantaje» la postura de Puigdemont de declarar la independencia ya definitivamente si se ejecuta el artículo 155.

La intención de Rajoy y Pedro Sánchez, perfilando cada paso a dar a través de sus constantes contactos, consiste en enfriar el ambiente (más tenso tras el paso a prisión de los Jordis) y ganarle horas al reloj. Se busca otorgar más margen a Carles Puigdemont, con la esperanza de que dé marcha atrás y termine convocando unas elecciones ortodoxas, bajo el paraguas de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg). En ese escenario, insisten populares y socialistas, se abortaría el incómodo plan de intervenir en la Administración catalana.

La mayoría de mensajes lanzados ayer por el Gobierno y el PSOE fueron en esa línea. En público, se habló mucho de comicios y poco del 155. «El requerimiento es firme. Vence en poco más de 24 horas», dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Es cierto. El plazo para que Puigdemont conteste si declaró la independencia y, en caso afirmativo, que explique cómo piensa recular, expira hoy a las 10 de la mañana. Desde la Generalitat se ha sugerido que no habrá cambios sobre lo ya contestado a la Moncloa.

Pero aunque no haya sorpresa y Puigdemont se mantenga en sus trece, Gobierno y PSOE no quieren pisar el acelerador. Pueden pasar semanas, advierten, antes de que la intervención de competencias sea una realidad. Lo primero será terminar de acordar con los socialistas -Rajoy le comunicará a Albert Rivera los pactos a los que llegue- qué áreas del Govern se tocarán, dando por sentado que el control de los Mossos y la caja serán prioridad. Fuentes parlamentarias subrayan que el Consejo de Ministros que apruebe el informe con iniciativas a adoptar no tiene por qué ser el último al que se lleven medidas ligadas al 155, ni tampoco la sesión que posteriormente se produzca en el Senado ha de ser la definitiva. También se está ultimando quiénes y desde dónde se harían cargo de las «sustituciones» en consejerías intervenidas.

Esas mismas fuentes añaden que uno de los puntos de conflicto más importantes es el choque de legitimidades que se daría entre una Generalitat intervenida y un Parlamento catalán en activo. Tanto desde el Gobierno como desde el PSOE se apunta a elecciones, y por tanto disolución de la Cámara catalana, «lo antes posible», aunque se tengan que convocar con el 155, pero dando por hecho que antes de convocarlas habrá que tomar algunas «medidas».

En todo caso, sigue habiendo fe en que Puigdemont vaya a elecciones por su cuenta. «Está en la mano de Puigdemont que no se aplique el 155, convocando elecciones o volviendo a la legalidad», dijo Sánchez en Bruselas. El líder del PSOE se desplazó hasta allí, dos días antes del Consejo Europeo, para transmitir a los líderes europeos su apoyo al Estado frente al órdago independentista y su apuesta por una reforma de la Constitución.

El mensaje también estaba pactado con Mariano Rajoy. «Voy a trasladar a mis interlocutores que el PSOE defenderá siempre una respuesta homologable a cualquier país europeo. Cualquier país europeo actuaría aplicando el 155 en una crisis como la que estamos viviendo en España. Estamos defendiendo los valores democráticos europeos», explicó Sánchez.