El Gobierno quiere colocar a España entre los países con legislaciones más severas en contra de las violaciones. Tras la ola de rechazo que provocó la sentencia de ‘la Manada’, que condenó a los cinco sevillanos por abuso sexual y no por agresión, que conlleva penas más duras, al considerar que no hubo ni violencia ni intimidación, el Gobierno del PP encargó a una comisión de expertos revisar la tipificación de los delitos sexuales. Más de dos meses después de aquel encargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez marcó este martes el camino de la reforma: que toda relación sexual que no cuente con el consentimiento explícito de la mujer sea considerada violación o agresión sexual, el término usado legalmente.
El Gobierno quiere, por tanto, llevar al Código Penal el ‘solo un sí es sí’ o ‘no es no’ que se expresó en las calles y muchas de las pancartas tras la sentencia y la posterior liberación de los acusados, sin que haya transcurrido la mitad de su condena, el tiempo máximo que marca la ley para la prisión provisional. “Si una mujer no dice expresamente ‘sí’, todo lo demás es un ‘no’, argumentó la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, quien se mostró dispuesta a que el “lema” del consentimiento expreso que ha marcado la reciente reforma del Código Penal sueco y que está estudiando poner en práctica Alemania, en busca de que haya sentencias más severas en las agresiones sexuales, se traslade también a la legislación española. En su opinión, solo así se preserva la “autonomía, libertad y respeto a la persona y sexualidad” de la víctima.
"Sin riesgos interpretativos"
Calvo precisó que el Gobierno buscará “blindar” la ley de forma que no haya “riesgos interpretativos” por parte de los jueces, cuya formación en materia de igualdad y violencia machista el PSOE ha impulsado mejorar a través de una reforma de la ley orgánica del poder judicial. Además, el Ejecutivo estudia “cómo acompañar mejor” a las víctimas de la violencia sexual “en su defensa” en los tribunales. En un principio anunció que estudiaría personarse en los procesos para preservar sus derechos, pero tras la airada reacción del Ministerio Fiscal, que recordó su papel en tutela de las víctimas, dio marcha atrás.
Por último, Calvo se mostró este martes dispuesta a reforzar la educación sexual y reproductiva en los colegios, para evitar que la “pornografía” sea el modelo de muchos jóvenes en cuanto a las relaciones afectivas. En este sentido, el Gabinete de Sánchez quiere introducir una asignatura de “valores cívicos” donde se instruya a los alumnos en la igualdad y respeto a la diversidad de género.
Calvo hizo estos anuncios en una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso destinada a dar cuenta de sus planes, en la que comenzó su intervención expresando su rechazo a los cuatro asesinatos machistas que se han producido en los últimos días, antes de que se conociera el crimen múltiple cometido por un hombre en Francia contra su mujer y sus suegros españoles, así como su hijo. En este contexto, la también vicepresidenta avanzó que, a partir de ahora, las víctimas mortales del maltrato se computarán de forma global desde que hay estadísticas, y no por años. Y el negro balance asciende a 945 asesinadas. El objetivo de esta medida es visibilizar aún más el problema porque "la sociedad necesita saber y el cómputo es tremendo, enorme, cuando una sola tragedia ya es mucho", argumentó la ministra.
El pacto de Estado
Calvó se comprometió además a poner en marcha las medidas contenidas en el pacto de Estado contra esta lacra rubricado en septiembre y cuya puesta en marcha se ha dilatado por la falta de presupuestos y el cambio en el Gobierno. Entre ellas, priorizó devolver a los ayuntamientos las competencias en violencia machista, dado que está demostrado que muchas mujeres acuden a las administraciones más cercanas en busca de ayuda. A este respecto, anunció que la intención del Ejecutivo es hacer un “esfuerzo presupuestario mayor” del acordado, de forma que los consistorios reciban una cantidad superior a los 20 millones al año consignados.
Por último, anunció que ha encargado a la Real Academia de la Lengua (RAE) un estudio para mejorar la perspectiva de género en la Constitución y que se está trabajando en una normativa para racionalizar los horarios.
