La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP), asumirá este lunes el cargo con la tarea prioritaria de encauzar los ocho ejes para desmontar la reforma laboral del 2012 que figuran en el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La mayor parte de las tareas aparecen formuladas de forma abierta, para dejar espacio al diálogo político y social.

Hoy tenemos una mayoría parlamentaria que puede garantizar esas modificaciones, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura en relación a las cuestiones más urgentes. En ese consenso, incluyó a PNV y a ERC. La mayor parte de las tareas, no obstante, pretenden ser encauzadas a través del diálogo social con patronal y sindicatos. Nosotros hemos planteado, no una derogación completa, sino mirar hacia el futuro, añadió el presidente en el debate de investidura para intentar zanjar el debate nominalista sobre si el acuerdo de coalición plantea una derogación total o parcial de la reforma laboral del 2012. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, admite que "habrá que hablar de la reforma laboral, si es que hay que hacerlo". Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, apremian al Gobierno para que se pongan manos a la obra con las ocho tareas pendientes:

1.- Despido por bajas médicas

El Gobierno de coalición sitúa entre las tareas más urgentes la de derogar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite despedir con 20 días de indemnización (en lugar de 33 ó 45) a trabajadores con bajas intermitentes por enfermedad, aunque estas estén justificadas por un médico.

Fuentes socialistas no descartan que la derogación de este aspecto sea abordado en la primera reunión del Consejo de Ministros, este mismo martes, ya que parece existir mayoría parlamentaria suficiente y su anuncio permitiría al nuevo Gobierno enviar una señal muy clara sobre su identidad. Además, es algo que exigen de manera urgente los sindicatos y que ha provocado actos de protesta de trabajadores. Las organizaciones patronales, sin embargo, abogan por mantener este artículo.

2.- Ultraactividad de los convenios

Si después de vencido un convenio colectivo pasa un año sin que se logre negociar uno nuevo, la empresa puede aplicar el convenio superior que sea de aplicación (sectorial o territorial). El documento rojimorado plantea derogar esta disposición y recuperar la prórroga automática (ultraactividad) del convenio vencido en tanto no se negocie uno nuevo.

Este es uno de los aspectos en los que patronal y sindicatos no se pusieron de acuerdo en febrero del 2019, cuando ambas partes avanzaban en otras cuestiones del diálogo social.

3.- Prioridad del convenio sectorial

Patronal y sindicatos tampoco lograron ponerse de acuerdo entonces en cambiar las reglas del juego para devolver al convenio sectorial prioridad sobre el de empresa.

Ahora el pacto entre PSOE y UP plantea derogar este aspecto para garantizar que ningún convenio de empresa incluya peores condiciones que el sectorial.

4.- Subcontratas

En la primera parte del 2019, los agentes sociales sí lograron algunos avances para modificar algunos aspectos de la reforma laboral en materia de subcontrataciones. El abuso en las condiciones laborales de las camareras de piso (kellys) subcontratadas por los hoteles a empresas de servicio puso cara a este problema. Según relató entonces a EL PERIÓDICO el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la patronal estaba de acuerdo con que las subcontratas apliquen a sus empleados las condiciones del convenio sectorial correspondiente a los servicios prestados (el del convenio de limpieza, en este ejemplo) pero rechazaba aplicar el convenio de la empresa receptora de esos servicios (el de la firma hotelera, siguiendo el ejemplo), tal como pretenden las organizaciones sindicales.

Ahora el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores volverá a la mesa del diálogo social con el propósito, además, de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

5.- Condiciones del contrato

El acuerdo de coalición también pretende limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa cuando no existe un acuerdo con el trabajador o sus representantes (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores).

6.- Inaplicación de los convenios

En la misma línea que en el bloque anterior, también se plantea revisar el mecanismo de descuelgue de un convenio colectivo para que solo sea posible dejar de aplicar el salario pactado cuando existan causas económicas graves, como la existencia de pérdidas, que lo justifiquen. En la actualidad es posible hacerlo alegando que durante dos trimestres consecutivos el nivel de ventas ha sido inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

7.- Causas del despido

Desde el 2010, la legislación permite un despido más barato (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades) cuando concurren causas económicas (pérdidas actuales o previstas o dos trimestres con caídas en las ventas), técnicas, organizativas o en los productos y servicios que ofrece la empresa.

El acuerdo entre PSOE y UP pretende acotar la definición de estas causas que permiten esquivar una indemnización mayor en caso de despido (de 33 ó 45 días por año trabajado y un máximo de 24 de mensualidades). La idea es recuperar el principio de proporcionalidad y de causalidad, explican las fuentes socialistas consultadas.

En este bloque, además, el acuerdo de coalición plantea reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y expedientes de regulación para garantizar que se cumplen los mecanismos de información, consulta y mediación. No nos planteamos recuperar la autorización administrativa previa, que ya no existe en ningún país europeo, apuntan estas fuentes

8.- Contratación

El acuerdo 'rojimorado' plantea simplificar y reordenar el menú de los contratos de trabajo para reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones en caso de fraude. En este sentido, también se plantea revisar los contratos formativos, favorecer el uso del contrato fijo discontinuo o reforzar el control de la contratación a tiempo parcial