El Gobierno se autoimpone prudencia ante la nueva polémica de los lazos amarillos para evitar jalear la confrontación con el independentismo en la carrera hacia el 28-A. El equipo de Pedro Sánchez prefiere que el tema no entre en la campaña de las elecciones generales, consciente de que el conflicto catalán beneficia a las derechas pero es un punto controvertido para los socialistas. No parece algo sencillo de escorar. Este jueves la Junta Electoral de Barcelona dio 12 horas a la alcaldesa, Ada Colau, para que retire el lazo de la fachada del Ayuntamiento porque considera que exterioriza "la ideología de determinados partidos". El mandato es la respuesta a la reclamación del PP.
A pesar de las dificultades, el gabinete presidencial trata de que la pugna con el soberanismo no escale en la contienda del 28-A, máxime tras constatar en los estudios postelectorales que en los comicios andaluces fue la unidad de España el eje central que movilizó al electorado de derechas (y no la inmigración, como se especulaba).
El Ejecutivo no ha cargado las tintas contra la decisión de Quim Torra de no acatar el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) que el lunes acordó que los lazos amarillos y las esteladas son símbolos partidistas y le urgió a retirarlos. Fuentes gubernamentales confirman a este diario que Sánchez no tiene previsto hacer referencias a la cuestión de los lazos amarillos en sus mítines. Por el momento. Nadie descarta que el conflicto se eleve. Este sábado hay convocada una manifestación por el derecho a decidir en Madrid, para la cual se han fletado 380 autobuses.
LA JEC, EL LUNES
El Gobierno prefiere dejar todo el protagonismo a la JEC, que no varía su agenda a pesar del plante de Torra y volverá a reunirse como estaba fijado el próximo lunes a mediodía. Será entonces cuando evalúe este conflicto: estudiará el escrito remitido este miércoles por el president, que se niega a retirar estos elementos porque considera que implicaría un recorte de la libertad de expresión.
Ciudadanos sin embargo agita el debate. Fue el partido de Albert Rivera el que planteó la primera reclamación ante la JEC y, ante la negativa de Torra, este jueves volvió a protestar ante este órgano. Además, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, advirtió que su partido está estudiando elevar una denuncia ante la Fiscalía si la situación no se resuelve.
MÁS TIEMPO PARA TORRA
La proactividad de Ciudadanos choca con la llamada a la calma en el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue especialmente cauteloso al valorar el conflicto. Apeló a la necesidad del Ejecutivo de mantener una escrupulosa neutralidad política y dejó toda reflexión a la JEC. No es procedente anticipar un escenario, señaló en una entrevista en la Cadena Ser, y subrayó que la prudencia es un valor.
En la misma línea, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, instó a Torra a cumplir la resolución, pero abogó por darle tiempo para que obedezca al organismo arbitral antes de tener que forzar una vía judicial. Recordó, además, que el president está en su derecho de presentar alegaciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue un paso más allá. Defendió que Torra debe asumir la resolución de la JEC y advirtió de que si no lo hace se deberá aplicar el régimen sancionador y caerá todo el peso de la ley" sobre él.
Es previsible que la JEC responda las alegaciones de Torra y le envíe un segundo requerimiento para pedirle la retirada de lazos y esteladas. De no cumplir, podría trasladar el caso a la Fiscalía o pedir que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) deduzca testimonio al president por un presunto delito de desobediencia. Torra no ha anunciado si recurrirá al Tribunal Supremo.
