Esteban González Pons, eurodiputado del PP, puso voz ayer al enfado del Gobierno central por la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Carles Puigdemont y no entregarlo a España por el delito de rebelión. En un acto en la convención nacional que los populares están celebrando desde el viernes en Sevilla, el dirigente conservador cargó contra una medida que, en su opinión, da argumentos a los antieuropeístas cuando la Unión Europea (UE) no pasa por su mejor momento.

«La UE se fundamenta en la confianza mutua entre estados. Estamos unidos porque confiamos los unos en los otros. Si hay un Estado de la UE en el que intentar dar un golpe de estado no es un delito, el problema no es de España, el problema es de ese Estado que ha dejado que intentar romperlo pueda no ser un delito», declaró ante la mirada atenta de Mariano Rajoy, que también participó en esa mesa redonda titulada Acto Europa.

Pons se mostró optimista y aseguró que espera que la justicia dé la razón al Ejecutivo. «Vamos a confiar en que la justicia encuentre sus cauces y resuelva el problema que a España se le ha planteado, porque si la UE sirve para que unos estados cuestionen a otros, la UE pierde su función», añadió. Según el eurodiputado conservador, la decisión del tribunal alemán pone «en cuestión la colaboración transfronteriza»: «Si la euroorden no funciona, el Tratado de Schengen sobre la circulación de personas no tiene sentido». Además, Pons se mostró convencido de que si hubiese sido al contrario y Alemania hubiera reclamado a un «golpista», los jueces no se habrían negado porque en España se cree «de verdad» que Europa «es un proyecto solidario».

Tras la intervención de Pons, tomó la palabra el presidente del Gobierno que, en un claro reparto de papeles, bajó el tono varios grados y se limitó a apuntar que ante este asunto espera que se tenga «la inteligencia y la habilidad para resolverlo».

Horas antes, Rajoy atendió brevemente a la prensa en los pasillos de la convención, mostró su respeto por las decisiones judiciales y aseguró que no piensa llamar a Angela Merkel por este asunto porque respeta la separación de poderes. No obstante, fuentes gubernamentales admitieron su asombro (por tercer día consecutivo) por la medida del tribunal y, todavía más, por las palabras de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, que el viernes consideró «absolutamente correcta» la liberación de Puigdemont y apuntó que España no tendrá fácil su extradición por el delito de malversación.

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que también acudió a la convención en Sevilla lamentó las «desafortunadas» declaraciones de su homóloga alemana, porque no ve correcto que Barley entrara a «cimentar decisiones de los jueces». Sobre todo cuando sabe que han escocido al Ejecutivo español.

ESFUERZO DIPLOMÁTICO / En el ámbito diplomático la frustración también es grande, porque se considera que en los últimos meses se ha hecho un esfuerzo para explicar los argumentos del Gobierno español en contra de las decisiones de la Generalitat de Puigdemont. En todo caso, fuentes diplomáticas apuntan que, tras la detención de Puigdemont el 25 de marzo en Alemania, se decidió que la embajadora, María Victoria Morera, asumiera un perfil bajo y no hablara públicamente para evitar «malentendidos» y efectos «contraproducentes» en la sociedad alemana.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, explicó que es un proceso en el que no hay recursos, pero sí informes, y que ahora es el turno de la defensa de Puigdemont, que deberá emitir uno en contra del proceso de extradición por el delito de malversación, que sigue adelante. Después de ese paso, será el turno de la fiscalía alemana y Catalá cree que podrá defender la extradición con las «pruebas suficientes» gracias a la colaboración de la fiscalía española.

Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que también está participando en la convención, se mostró convencida de que en Cataluña acabarán triunfando las tesis de los partidos soberanistas. «La democracia está de nuestro lado (…) Vamos a ganar nosotros», aseveró, apuntando que el Ejecutivo de Rajoy aplicó el 155 para «reponer la convivencia y la legalidad».

Durante su participación en el panel España: Un gran país, Sáenz de Santamaría afeó a los independentistas que actúen como si Cataluña fuese un juguete: «Es mío y, si no, lo rompo», ironizó. Y llegó a calificar las rondas de consultas del president del Parlament, Roger Torrent, como «una reposición de Verano Azul, con los mismos capítulos y los mismos personajes».