El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha optado por desoír el informe del Consejo General del Poder Judicial en el que, por una amplísima mayoría de 19 de sus miembros frente a solo dos, le pedía aumentar el número de plazas de jueces para una correcta puesta en marcha de las salas de apelación, con las que se asegurará la doble instancia penal en todos los tribunales, un déficit de nuestra planta judicial que ha supuesto numerosas condenas a España por la justicia europea.
El pleno del CGPJ se reunió de forma extraordinaria el miércoles para revisar la propuesta del Gobierno y consideró insuficiente la previsión del Ministerio de Justicia, por lo que proponía ampliar la dotación de plazas de magistrados prevista para los Tribunales Superiores de Justicia por “el previsible incremento de la carga de trabajo en sus Salas de lo Civil y Penal, unido en algunos casos a la escasa planta orgánica".
En concreto, defendía aumentar el número de plazas para el TSJ valenciano de una a tres y llegar a cuatro en el de Cataluña. En Andalucía la sugerencia pasaba por crear dos secciones, dado la extensión del territorio y que se tienen que revisar las resoluciones dictadas por las ocho Audiencias Provinciales que hay en la comunidad autónoma.
Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido aprobar el real decreto tal y como estaba y limitarse a crear tres nuevas plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de junio, y otras trece que se distribuirán entre las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ de Andalucía (con seis), Cataluña (tres), Comunidad Valenciana (una) y Madrid (tres) como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal.
La única novedad es que el Ministerio de Justicia se ha comprometido a revisar la distribución realizada en 18 meses y comprobar si se deben destinar más plazas a determinados territorios, como ya ha reclamado el órgano de gobierno de los jueces.
