El Gobierno de Mariano Rajoy calcula que la Generalitat de Cataluña, a través de la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, dedicó el año pasado 29 millones de euros a «actividades para internacionalizar el proceso independentista». Según fuentes oficiales, casi la mitad del presupuesto de ese departamento (que contó con 64 millones para todo el año) fue a parar a la promoción de la soberanía de Cataluña en el extranjero. La documentación encontrada para justificar los «gastos corrientes» de la Consejería por los funcionarios destinados a aplicar el artículo 155 solo alcanza hasta los 35 millones de euros, afirman esas fuentes.

El Tribunal de Cuentas ya está investigando este asunto, pero no ha informado de ninguna cifra concreta. El organismo fiscalizador acordó a finales de enero abrir una investigación para ver si ha habido desvío de dinero público entre los recursos asignados a la política de acción exterior del Gobierno catalán entre los años 2011 y 2017. La citada consejería en concreto vio cómo su presupuesto se multiplicaba en una progresión contraria al mal estado de las cuentas catalanas: en 2011 recibió 12 millones y en 2015, 34. Cuando Romeva presentó el presupuesto en enero del año pasado dijo que la cifra era tan elevada (64 millones) porque necesitaba «asentar los pilares para convertirse en ministerio» en la futura república catalana.

Para llevar a cabo esa fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha solicitado información de hasta 29 entidades, entre ellas el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (conocido como Diplocat) y también el Instituto Ramon Llull, Casa Asia y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entre otros.

FECHA DE CIERRE / El Diplocat, que nació en junio del 2013 para reforzar la «marca Cataluña» y explicar en el extranjero que sus ciudadanos quieren decidir su futuro de manera «libre, pacífica y democrática», está a punto de desaparecer. Once de las llamadas embajadas catalanas (todas menos la de Bruselas) han sido cerradas ya y solo quedan algunos flecos en las de Polonia y Dinamarca. En un principio los altos cargos de la consejería no colaboraron en el proceso de clausura y el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, envió al embajador Juan Fernández Trigo y a dos funcionarios (uno de ellos experto en presupuestos) a hacer esa tarea y a poner en marcha las medidas necesarias.

La fecha tope para «finiquitar» el Diplocat y las oficinas de representación en el extranjero es el 15 de abril. Y aunque haya un nuevo president, aseguran fuentes oficiales, ese cierre llegará porque ya está todo activado para que así sea. No obstante, admiten que, si la voluntad de la nueva Generalitat es volver a desarrollar una red en el exterior, el Ejecutivo central no tendrá más remedio que volver a presentar recursos (como ya hizo en su momento cuando se abrieron las delegaciones).

Los responsables de aplicar el 155 se han encontrado con problemas con algunos contratos de alquiler realizados por la Administración catalana en el extranjero porque no contaban con clásulas garantistas por si había que extinguir el pacto. Es lo que ha ocurrido, según fuentes oficiales, y esos responsables han tenido que negociar las indemnizaciones por romper el contrato de alquiler, en ocasiones por cuantías muy elevadas que no han querido concretar.