La Moncloa no se atreve a precisar fechas aún, rehúsa situar el día exacto en que llegará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la reforma del Código Penal que reajustaría los delitos de sedición y rebelión y comportaría una rebaja de la pena para los presos del 'procés'. Un gesto inequívoco a ERC, que ayudaría a reengrasar la relación con el Gobierno y facilitaría la aprobación de los Presupuestos del 2021. A la vez, los republicanos podrían blandir la modificación legal y urgente como un trofeo ante su electorado, como un fruto tangible de su apuesta por el diálogo con el Ejecutivo.
Pedro Sánchez ha ido reordenando el tablero en las últimas semanas, a la vista además de que la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se frustraba por la oposición radical del PP y la necesidad de reconstruir puentes con los socios de investidura, sin perder, al menos por el momento, a Ciudadanos. Y una pieza clave es, precisamente, la reforma del Código Penal.
El pasado 8 de septiembre, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llevó al Consejo de Ministros el plan anual normativo para 2020. O sea, la programación de las leyes y reales decretos que el Gobierno prevé impulsar en esta segunda parte del año. Pero, como adelantó EL PERIÓDICO, se decidió incluir a última hora la revisión de los delitos "contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlos tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales". Ese giro de guion, con el que no se contaba, era toda una señal. La víspera, en TVE, el presidente había defendido que mantenía vivo su compromiso con la reforma del Código Penal, compromiso que había contraído en el arranque de la legislatura y que entró en barbecho con el estallido de la pandemia del covid-19.
La propia Calvo aseguraba el pasado jueves 17 de septiembre, y también en TVE, que no había fecha aún para la modificación de la sedición y la rebelión, aunque ya apuntó que estaría lista antes de final de año, porque el borrador que prepara el Ministerio de Justicia está "muy avanzado". Una vez listo el anteproyecto, el texto pasaría por los órganos consultivos para después volver al Consejo de Ministros y luego, ya sí, aterrizaría en la Cámara baja.
Menos dificultades de encaje
El Gobierno, de hecho, prepara una reforma inminente y rápida. Se valora un texto sencillo, que pudiera ser sometido a la aprobación de las Cortes en lectura única. Es decir, por el pleno de Congreso y Senado, y sin pasar por el trámite en ponencia y comisión, lo que garantizaría que el proyecto fuera respaldado en muy poco tiempo. Así se hizo, de hecho, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011. Otras fuentes del Gobierno, no obstante, advierten de que quizá una aprobación tan exprés "no encaje por la naturaleza del asunto".
Aunque el Ejecutivo no quiere que se ligue a la negociación de los Presupuestos, es evidente que hay un hilo conductor entre ambas cuestiones. ERC asume que no podrá reactivarse la mesa de diálogo de manera inminente, como pretendía, no por las reticencias del Gobierno, que ha insistido reiteradamente en que no tiene problema en que se retome, sino por el rechazo de Quim Torra. De este modo, los republicanos dispondrían de una potente baza para su electorado antes de unas autonómicas que se vislumbran hacia febrero del 2021. La cuenta atrás hacia las urnas comenzará una vez que el Supremo decida sobre la inhabilitación del jefe del 'Govern'.
La operación de reforma exprés de la sedición puede soliviantar a la oposición y enfriar la relación con Ciudadanos, pero tiene menos dificultades de encaje para el Gobierno. De hecho, la Moncloa no hace sino rescatar su plan original, el que ya mostró a comienzos de año, al poco de constituirse la coalición. Una revisión de las figuras delictivas de la sedición y rebelión, para "acompasarla a los tipos que existen en otros países de Europa" y para ajustarlos a "una democracia consolidada como la nuestra", como explican en el corazón del Ejecutivo, sería impecable desde el punto de vista técnico, y menos problemática que una concesión del indulto, que podría tropezar con la oposición del Supremo y además los presos del 'procés' lo rechazan.
Tampoco es viable decretar la amnistía, como pide el independentismo, ya que el Gobierno considera que la Constitución prohíbe un perdón generalizad y tampoco se tocará la ley de 1977. Y el tercer grado que concedió el Govern está en el alero, ya que la Fiscalía recurrió la medida para los siete encarcelados en Lledoners entre ellos, Oriol Junqueras, líder de ERC. La reforma del Código Penal, que comportaría la rebaja de las penas de sedición, por la que fueron condenados los líderes del 'procés', llevaría a su aplicación retroactiva. Porque cualquier modificación de la legislación penal que beneficie al reo debe ser activada por el tribunal sentenciador, la Sala Segunda del Supremo.
En el Parlamento, el Gobierno tampoco se encontraría con demasiados obstáculos, ya que podría articular la mayoría absoluta requerida (176 escaños) con los minoritarios y el concurso de ERC.
La revisión del Código Penal, previsiblemente, incluirá otros aspectos como los delitos contra el medio ambiente o la protección de los derechos de los animales. Una reforma, por tanto, que se quiere aprovechar para distintas cuestiones y que el Gobierno pretende que se aborde de manera "rápida", como admitió Calvo el jueves.
En verano, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, enfrió la modificación del Código Penal. Afirmaba que debía analizarse con calma e incluso la sacó del calendario del 2020. Pero en aquel momento el Gobierno tenía la expectativa de poder renovar el CPGJ y el resto de instituciones colgadas con el PP. Pero Pablo Casado rompió la baraja en agosto. Según deslizó Sánchez este sábado en una entrevista 'La Sexta noche', se podría pensar que el jefe de los conservadores rechaza proceder al relevo en el Poder Judicial porque "esta composición le beneficia" por los casos de corrupción que se están investigando en los tribunales. Entre ellos, la 'Kitchen'.
