Toda la Generalitat está en stand by, en una congelación que significa que no se toman grandes decisiones más allá de lo estrictamente necesario como una licitación, concursos o un programa que deba ponerse en marcha al vencer plazos.

En la Consejería de Presidencia, por ejemplo, los cargos ministeriales llegados de Madrid han decidido adoptar un control «no visible» y no invasivo. Para hacerse una idea: no hay reuniones en el Palau de la Generalitat porque ambas partes así lo han querido. Se evita el histórico edificio de la plaza de Sant Jaume y se realiza la cita en otras dependencias de Presidencia en Barcelona. «Los responsables ministeriales son cuidadosos, no quieren una humillación», dice un alto cargo catalán.

Lo más farragoso es previo al 155: el control financiero desde Madrid de cada una de las facturas que se emiten. Lo que sí hace desde la ejecución del 155 la Generalitat es enviar al ministerio correspondiente en Madrid un informe relativo a cualquier decisión importante que se quiere tomar. Los informes, por cierto, se envían en catalán, y el correo electrónico al director general o al subsecretario de turno explicando el envío del informe sí se escribe en castellano. Pero no toda la comunicación es en castellano dado que en Madrid existe, se supone, un servicio de traducción.