Gana peso la opción de convocar elecciones en el seno del Gobierno catalán mientras, según ha podido saber el Grupo Zeta, en un documento interno la Moncloa exige unos comicios netamente autonómicos, sin DUI ni promesas de independencia posteriores. Los consejeros Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comin y Santi Vila estarían claramente por la tesis de convocar elecciones. Este último incluso advirtiendo de que podría dejar la Generalitat en caso contrario. El vicepresidente Oriol Junqueras habría evitado posicionarse, y el presidente Puigdemont podría haber dado a entender que sí compra la tesis de las elecciones. Puigdemont habría manifestado a su partido que sí acepta convocar elecciones sin declaración de independencia. Una declaración que en cambio dan por hecho otras fuentes de Junts pel Sí y exigen las entidades soberanistas.

La posición oficial del PDECat, expresada por la coordinadora general Marta Pascal, es que hay que cumplir con el mandato del 1 de octubre. Pero Pascal evita concretar explícitamente si ello ha de equivaler a la declaración de independencia. Turull ha evitado responder a la pregunta sobre los comicios escudándose en que cualquier decisión se tomará de forma conjunta con Junts pel Sí: «No es un tema de especulaciones, de escenarios, es de decisiones y la decisión se tomará conjuntamente con el Parlament y los grupos que conforman la mayoría». Tampoco ha contestado a la pregunta de si el pleno del Parlamento catalán que se iniciará mañana proclamará la independencia.

Horas antes, el diputado cupaire Carles Riera sostenía que a su grupo le consta que el Govern tiene «sobre la mesa» convocar elecciones. La CUP mostraba su rechazo frontal a esta posibilidad porque sería «demoledor y mortal» para el proceso de independencia. También la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tuiteaba de forma inequívoca: «Ya tenemos un mandato democrático: el del referéndum del 1-O. Es la única manera de superar la represión política y el artículo 155. Vamos directos hacia la República, ¡ya!».

EXIGENCIA DE MONCLOA / Por su lado, el Gobierno central decidió endurecer su posición en la noche del lunes al concluir, según fuentes del Ejecutivo y del PP, que las elecciones que Puigdemont tiene sobre su mesa no son precisamente las que se le demandaban, esto es, urnas convocadas a través de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Esas fuentes subrayan que tienen indicios de que el president -sin prejuzgar si finalmente se lanza o no a seguir este camino- baraja impulsar una convocatoria electoral que llegue acompañada de una inminente declaración unilateral de independencia (DUI) o, como segunda posibilidad, unos comicios ligados al compromiso de la secesión inmediata si el independentismo vence por mayoría en las urnas.

Así las cosas, los conservadores dan ya por descartado que la Generalitat vaya a sorprender con una convocatoria tradicional de elecciones como se le viene reclamando para frenar el despliegue del artículo 155 de la Constitución, por lo que han decidido poner fin a este tipo de llamamientos. Han cerrado la puerta a dejar en suspenso la intervención de competencias y sustitución de consejeros si desde Cataluña se ponían las urnas para unas autonómicas. O para ser exactos: han dejado una rendija tan estrecha como compleja de transitar para Puigdemont, puesto que se le exige que renuncie pública y expresamente a la independencia de forma definitiva si quiere evitar la intervención.