Tal y como se había comprometido el mes pasado la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, el Gobierno galo ha comenzado a poner en marcha el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco francés.

Este lunes han sido transferidos desde Saint Maur (centro de Francia) y Osny (Norte) al centro penitenciario de Mont de Marsan, en el suroeste del país, el ex jefe del aparato logístico de la banda, Zigor Garro Pérez, alias ‘Tonino’, y Julen Mendizábal.

El primero fue condenado en el 2011 a diez años de cárcel mientras que Mendizábal, que cumple una pena de siete años de prisión, saldrá en libertad el próximo mayo. A estos traslados le seguirán otros en los próximos meses, según fuentes penitenciarias citadas por la AFP.

“Analizamos una a una todas las peticiones de acercamiento que se han presentado. Por primera vez hay un marco claro para poder actuar”, había señalado la titular de Justicia este enero.

En las prisiones francesas hay en este momento 59 miembros de ETA de los cuales unos cuarenta han solicitado su acercamiento a establecimientos próximos a la frontera española para facilitar las visitas de sus familias, que se quejan del desgaste físico y psicológico que supone recorrer miles de kilómetros para ver a sus allegados.

Otra de las reivindicaciones de las asociaciones de defensa de los presos de ETA es que Francia debería tener en cuenta la situación de los internos gravemente enfermos, como es el caso del ex jefe militar de la banda Ibon Fernández Iradi, alias ‘Susper’, aquejado de esclerosis múltiple y condenado en el 2008 a 40 años de cárcel por intentar asesinar a un gendarme. Hasta la fecha, la justicia francesa ha rechazado las peticiones de suspensión de pena por razones de salud.

“Fin del régimen de excepción”

El pasado 9 de diciembre miles de personas se manifestaron en París para reclamar el fin del “régimen de excepción” de los presos de ETA y permitir su acercamiento a cárceles próximas al País vasco francés. La reivindicación fue impulsada por una declaración aprobada unánimemente tres meses antes por todos los partidos políticos de la aglomeración del País vaco a la que pertenecen 158 comunidades.

Una demanda que exigía aplicar a los etarras el derecho común tras la entrega del arsenal armamentístico de la organización terrorista a las autoridades francesas en abril del 2017, casi seis años después de la renuncia definitiva a la lucha armada.