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LA CRISIS CATALANA

Forn y los Jordis se desmarcan ante el juez de la ‘vía Puigdemont’

Los imputados dicen ahora que el 1-O era ilegal y que solo consideran cauces constitucionales. El exconsejero y Sànchez aseguran al juez que dejarán sus escaños si se retoma la vía unilateral

 

La furgoneta que condujo a los políticos ante el Tribunal Supremo, ayer. - JUAN MANUEL PRATS

Joan Tardà (ERC) habla con la prensa a las puertas del Tribunal Supremo, ayer. - JUAN MANUEL PRATS

ÁNGELES VÁZQUEZ
12/01/2018

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, su compañero de candidatura, Joaquim Forn, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, optaron ayer por desmarcarse en el Tribunal Supremo de la estrategia mantenida hasta ahora por el expresidente Carles Puigdemont. Los dos primeros incluso anunciaron que renunciarán a los escaños obtenidos el 21-D -el primero con esta misma expresión y el segundo, utilizando la fórmula «bajarse del tren»-, si su partido vuelve a recurrir a vías unilaterales para lograr la independencia.

Mientras el huido Puigdemont se plantea ser investido presidente desde Bruselas y volver ya en esta condición a España, Sànchez, Forn y Cuixart declararon ante el juez Pablo Llarena que el 1-O «no tuvo valor legal». El último añadió que el único referéndum que se podría celebrar para declarar la independencia de Cataluña sería «el que convocara el Gobierno de España», según marca la Constitución, ya que unilateralmente es «imposible».

A preguntas de los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno, Sànchez negó llamamientos violentos durante las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona ante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 por el 1-O. Al contrario, aseguró que desde la ANC se trabajó activamente por mantener el civismo.

Coincidió con Cuixart en negar que hubiera violencia, aunque admitió actos vandálicos, como los daños sufridos en vehículos de la Guardia Civil. La distinción no es baladí ya que la violencia es fundamental para que exista o no el delito de rebelión que se imputa. En este sentido, Sànchez pidió al juez que le dejara libre para que pudiera comprobar que no habrá reiteración delictiva alguna, argumento utilizado para mantenerles en prisión, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras.

Sànchez admitió una hoja de ruta soberanista para reivindicar el proceso independentista, pero no destinada a celebrar un referéndum y tras él declarar la independencia unilateralmente. Los tres imputados dijeron desconocer el documento Enfocats, que la Guardia Civil considera que marcó el camino seguido hasta la DUI.

Forn recordó que él ni votó ni firmó la declaración de independencia, a la que negó valor legal, y aseguró que su actuación siempre había sido respetuosa con la Constitución, que reconoció como norma suprema del Estado. Por ello, enlazó su futuro político a que la consecución de sus objetivos independentistas, a los que no renuncia, se encaucen en vías constitucionales. Anunció que no volverá a estar al frente de una consejería y dijo confiar en que su partido, el PDECat, solo optará por esas vías para lograr la independencia. Si no fuera así, él «se bajaría del tren».

Como exconseller de Interior se le atribuye una responsabilidad mayor como responsable de los Mossos d’Esquadra. De ahí que justificara la actividad desarrollada por el cuerpo tanto durante las protestas de septiembre, como el día del referéndum ilegal. Disoció el proyecto político del Govern de la obligación de los Mossos de cumplir el mandato judicial y negó haber puesto al cuerpo al servicio de ese proyecto, porque, además, «no se habría dejado», dijo. Respecto al 1-O aseguró que el plan de actuación lo elaboraron policías y fue presentado a la Policía, la Guardia Civil y el coronel coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, que no puso objeciones.

SIN COACCIONAR AL ESTADO

Cuixart insistió ante el magistrado en que no es político y que la declaración de independencia fue «simbólica». Manifestó que nunca buscó vulnerar la ley o coaccionar al Estado, sino mostrar la opinión de la población. El presidente de Òmnium Cultural se reafirmó en sus «profundas convicciones pacifistas», aunque admitió que en las protestas de septiembre pudo haber pasado más de lo que pasó.

Las defensas de los encausados pedirán de nuevo su puesta en libertad en las próximas horas o días. Si finalmente el juez decide mantenerles presos, pedirán, como Junqueras, el traslado a un centro penitenciario catalán para poder asistir a las sesiones del Parlament y estar más cerca de sus familias.

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