El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos despeja el camino hacia la aprobación de los Presupuestos para el 2019. Esto permitiría al presidente Sánchez poder acabar la legislatura en el 2020. El pacto alcanzado tras la reunión en el Ministerio de Hacienda abarca, además del presupuestario, otros ámbitos.

EL PERMISO DE PATERNIDAD

Ampliación solo (o no) para los funcionarios

Hacienda está dispuesta a atender la propuesta negociadora de Unidos Podemos para equiparar el permiso de paternidad (5 semanas) al de maternidad (16 semanas), pero solo para los empleados públicos y de forma progresiva, en un horizonte de tres años, hasta el 2021. Según fuentes de la negociación, esta es una de las escasas concreciones que aparecen en el documento que el ministerio remitió a Unidos Podemos este lunes, en respuesta al que la formación morada presentó el 15 de agosto, con sus propuestas de pacto. El grupo morado también espera avanzar en su objetivo de equiparar los permisos de paternidad y maternidad para todos los trabajadores.

CÓMO ENCAUZAR EL DIÁLOGO

Cuatro grupos de trabajo para negociar

Tras la fructífera reunión negociadora del miércoles, en la que Gobierno y Podemos también acordaron una reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el posible veto del Senado (con mayoría absoluta del PP) a la senda de déficit, ambas partes han diseñado un método para lograr nuevos acuerdos. Según la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, se van a crear cuatro grupos de trabajo. El primero, centrado en revertir los reales decretos del 2012 de recortes en sanidad, educación y dependencia. Un segundo grupo para la reforma de la regla de gasto y compensar a los ayuntamientos tras las sentencia del Constitucional relativa al impuesto de plusvalías. Un tercer grupo se centrará en ingresos y fiscalidad y un cuarto, en las cuestiones relativas a empleo, Seguridad Social y pensiones.

LAS PENSIONES

Una paga extra si se desvía la inflación

El Ministerio de Hacienda ha asumido la propuesta de Podemos de abonar una paga única en las primeras semanas del 2019 para evitar la posible pérdida de poder adquisitivo en las pensiones en el 2018 si finalmente la inflación se sitúa por encima de la subida del 1,6% de las pensiones este año. En julio el índice de precios de consumo alcanzó el 2,2%, la misma tasa que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) prevé para diciembre. De confirmarse, los pensionistas deberían recibir una paga para compensar esa hipotética desviación de seis décimas de la inflación respecto a la subida de las prestaciones del 1,6%. Para una pensión de 800 euros, sería de unos 70 euros, en ese supuesto. Según apuntó el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, la financiación de esta medida conecta con otras propuestas de reforma que ha hecho su formación, tales como eliminar los topes máximos de cotización de los salarios, eliminar bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social de las empresas o acabar con las bonificaciones fiscales a los planes privados de pensiones.

LA REGLA DE GASTO

El oxígeno que esperan los ayuntamientos

El Gobierno comparte con Podemos y con la mayoría parlamentaria del Congreso el objetivo general de flexibilizar la regla de gasto con el fin de dar una mayor flexibilidad a los presupuestos de las corporaciones locales con superávit en sus cuentas públicas. La idea es que puedan disponer de esos remanentes para determinados gastos sociales y no solo para inversiones financieramente sostenibles. Pilotar el alcance de esta reforma es vital para un partido como Podemos, que gobierna en grandes municipios, como Madrid y Barcelona, entre otros.

Los impuestos

La idea de la tasa bancaria se mantiene

Existe una amplia coincidencia entre el Gobierno socialista y el grupo parlamentario de Pablo Iglesias en cuanto al objetivo de aumentar la tributación sobre grandes grupos empresariales y firmas tecnológicas y en introducir nuevas vías de tributación medioambiental. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que también mantiene sus planes que pasarían por aplicar una tasa sobre las entidades financieras, más allá de las críticas suscitadas en el sector. La medida ha suscitado el rechazo del PP y Ciudadanos y ha sido bien recibida por CCOO y UGT.