La Fiscalía Anticorrupción elevó ayer a definitivas sus peticiones de prisión para los 37 acusados en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), manteniendo su solicitud inicial de 125 años y un mes de prisión para Francisco Correa y para la mayoría de los procesados. Sin embargo ha rebajado en tres años su solicitud para el extesorero del PP Luis Bárcenas, al eliminar de su acusación un delito contra la Hacienda Pública.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás continúan pidiendo las mismas penas para Correa, el cabecilla de la red corrupta; su número dos, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes. Asimismo reclaman que el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato sean multados con 245.492 euros y 28.467 euros, respectivamente, por considerarlos partícipes a título lucrativo.

En sus peticiones contemplan, en cambio, la modificación de penas para los empresarios Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández por reconocer al inicio del juicio los hechos imputados. Al final piden para Gordon cinco meses de prisión, una pena de dos años para García-Pozuelo y 11 meses para Fernández.

UN DELITO Y TRES AÑOS MENOS / Tras atender las periciales, la fiscalía ha retirado a Bárcenas -para el que se solicitaba 42 años y medio- uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública, el correspondiente al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) del año 2009, por el que le pedían tres años. Así, su petición de pena queda en 39 años y medio.

En cuanto a su mujer, Rosalía Iglesias, propone al tribunal la alternativa de considerarla como cooperadora necesaria de los delitos fiscales que comparte con su marido, atribuyendo la responsabilidad de los mismos al extesorero popular. De acogerse a esta alternativa, la pena de Bárcenas podría verse aumentada.

La fiscalía ya consideró «confeso» al PP cuando el abogado de la formación política Jesús Santos se negó a declarar, como representante legal del partido, y se remitió a su escrito de defensa. La fiscal Concepción Sabadell calificó esta actitud de «evasiva» y «resistente».

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal reanudará la vista oral mañana para que las defensas anuncien su petición final, que será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados acudirán a la sede judicial. El juicio se inició el 4 de octubre de 2016 y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares, el pago de comisiones y dádivas y para lograr ocultar al fisco unas ganancias que ascienden a 40 millones, según fiscalía.