El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se reunió el martes con los responsables fiscales catalanes y los de la Audiencia Nacional para revisar los centenares de diligencias y causas abiertas por toda Cataluña en relación con el proceso secesionista y el 1 de octubre. El objetivo es tratar de acumularlas y, en su caso, trasladarlas a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Pero en cualquier caso a Madrid, lejos de unas sedes que en septiembre ya fueron rodeadas en protesta por la operación Anubis, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara unilateralmente la independencia, el ministerio público interpondrá una querella por rebelión en el alto tribunal contra él y previsiblemente contra los miembros del Govern que le hayan secundado, y sería en ese procedimiento donde se acumularían las causas abiertas contra aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al menos el que tiene como investigados al propio president y demás miembros del Ejecutivo catalán por la convocatoria del referéndum ilegal, según informan fuentes fiscales a este diario.
Se trata de optimizar recursos y facilitar la investigación de los procedimientos abiertos en distintos juzgados por hechos similares. Por toda Cataluña, tras el 1 de octubre, se abrieron causas por distintos motivos. Hay denuncias por la utilización sin autorización de datos personales para la elaboración del censo, por amenazas, por presiones a hijos de guardias civiles y hasta por inacción de los Mossos d’Esquadra. Además, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga la actuación de policías y agentes del instituto armado para impedir el referéndum y el número 13, las estructuras con las que contó la Generalitat para la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
FIJAR CRITERIOS
La fiscalía ha pedido a la secretaría técnica que elabore un informe para fijar criterios con el fin de acumular el mayor número de esos procedimientos que sea posible en la Audiencia Nacional. El ministerio público los trasladaría al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular, Carmen Lamela, ya investiga por sedición al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el pasado día 16. O bien trataría de abrir otros procedimientos en otros juzgados centrales.
Precisamente, entre los deberes que tiene pendientes la fiscalía figura solicitar a la magistrada Lamela que amplíe la causa por sedición con lo ocurrido hasta el 1 de octubre; ahora el procedimiento se centra en las protestas de los días 20 y 21 de septiembre que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada a registrar la Consejería de Economía. De hecho, el atestado ampliatorio presentado en la Audiencia por la Guardia Civil sobre la conducta de los Mossos el 1-O se elaboró en un principio para el juez Ramírez Sunyer.
A toda esta labor judicial se suman las diligencias abiertas por fiscalía contra los 712 alcaldes que pusieron a disposición del Govern sus locales para la celebración del referéndum ilegal y las seguidas por los distintas pruebas de delito intervenidas en los días previos a la consulta, como papeletas o carteles electorales. Todo ello sigue encima de la mesa fiscal a la espera de su archivo o de la presentación de las correspondientes querellas. «Se estudiarán caso por caso», aseguran fuentes fiscales.
