El caso máster se complica para Cristina Cifuentes. La fiscalía pidió ayer tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de falsedad documental. Considera a la exdirigente del PP inductora de la manipulación del acta que acreditaba una defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo».
El ministerio público considera a Cifuentes en su escrito de acusación, informó la fiscalía, inductora del documento «a sabiendas» de que exponía una falsedad. Y la acusa de haber exhibido el acta en medios de comunicación y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
Al catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, el fiscal le considera coautor indirecto del delito, por lo que pide para él tres años y nueve meses de cárcel. También reclama 21 meses de prisión, como autora de la falsificación del acta, para Cecilia Rosado, miembro del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. La pena para esta es inferior porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
LA EXASESORA / También sale mal parada la exasesora de la Consejería de Educación de la comunidad María Teresa Feito. La acusación pública pide para ella tres años y tres meses de cárcel. Según el escrito del fiscal, cuando saltó el escándalo, Cristina Cifuentes se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la URJC y tenía una buena relación con el rector y Álvarez Conde. La expresidenta quería, señala la fiscalía, que hiciera gestiones «con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», a lo que la exasesora accedió.
Así, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas» de que Cifuentes «no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Máster» y «no había procedido a su defensa», decidieron confeccionar un acta con «apariencia de verosimilitud». El catedrático llamó a Rosado, sostiene la fiscalía, «dándole instrucciones para que el documento «reflejase» que Cifuentes había defendido el Trabajo Fin de Máster el 2 de julio del 2012 ante el tribunal.
La dirección nacional del PP evitó ayer valorar la petición de la fiscalía al considerar que se trata de un asunto «privado» y que la expresidenta no tiene ya nada que ver con el partido de Pablo Casado. Según fuentes de Génova, la responsabilidad del presidente del PP es velar por lo que ocurre dentro del partido «no fuera», por lo que no ha abordado esta cuestión, en una jornada en la que presidió la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, la última de esta legislatura.
Quien sí habló fue la candidata del PP a las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, quien manifestó que «nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando» la expresidenta regional. Así lo manifestó la diputada regional en la red social Twitter.
LOS RECTORES / El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, admitió que las irregularidades en la universidad pública madrileña deben dar lugar a una reflexión sobre «si se están haciendo las cosas bien» en la universidad, aunque consideró que se trata de «un caso aislado».
Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un acuerdo por el que se autoriza la supresión del Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde cursaron sus polémicos másteres Cristina Cifuentes, Carmen Montón y también el actual dirigente de los populares, Pablo Casado.
