La fiscalía mantendrá su criterio. Considera que sigue vigente el que el pasado 30 de octubre le llevó a interponer dos querellas, una ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlament, ya que mantienen la condición de aforados, y otra ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de miembros del depuesto Govern.

Por eso, el ministerio público ante el Tribunal Supremo informará al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena en contra de la acumulación de la causa que la jueza Carmen Lamela tiene abierta por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

En un principio el ministerio público iba a presentar dos informes, uno ante el Supremo y otro para pedirle a Lamela que siguiera adelante con sus actuaciones. Sin embargo, finalmente será únicamente la fiscalía ante el alto tribunal la que se pronuncie.

En su informe que se está redactando defenderá que no se puede privar a los no aforados de la posibilidad de disfrutar de una doble instancia judicial, circunstancia por la que España ha sido condenada reiteradamente por la justicia europea.

REVISAR TRAS ELECCIONES

No obstante, se mostrará a favor de revisar esta circunstancia tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, si el número de aforados aumenta al volver a ser elegidos diputados los miembros del Govern en prisión.

La primera idea de la fiscalía era interponer una única querella ante el Supremo por rebelión, pero la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de disolver el Parlament y convocar elecciones le hizo reconsiderar su criterio e interponer dos: una en el Supremo contra los miembros de la Mesa, al ser todos aforados, menos Joan Josep Nuet, y otra en la Audiencia Nacional contra el depuesto Govern.

AL SUPREMO

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha remitido al Supremo la causa en la que se investigaba a la Mesa soberanista del Parlament por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, a raíz de las deducciones de testimonio realizadas por el Tribunal Constitucional al ver desoídas reiteradamente sus resoluciones.

Esta causa fue reclamada al tribunal superior catalán por el propio Llarena, el pasado 9 de noviembre, el mismo día que tomaba declaracion a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa.