El rifirrafe entre independentistas y españolistas por la colocación de lazos y cruces amarillas sigue enervando el debate. El nuevo teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, emplazó ayer a los Mossos d’Esquadra a que eviten la ocupación de «manera irregular» del espacio público por motivos políticos y les pidió que actúen de oficio para impedir situaciones de «confrontación», como ha sucedido en varias playas catalanas en los últimos días. Y es que, en su opinión, estos actos en lugares «destinados al ocio y disfrute de todos» nada tienen que ver «con el legítimo ejercicio de la libertad de expresión».

Durante la toma de posesión de su nuevo cargo, Ariche se dirigió al jefe del cuerpo policial autonómico, Ferran López, para que «impida el enfrentamiento entre particulares». Se solidarizó con «todos aquellos ciudadanos» que en los últimos meses han sufrido «coacciones, amenazas o rechazo público» por sus «ideas, pensamiento, origen o su voluntad de cumplir la legalidad» y les garantizó que «no están solos y nunca lo estarán».

Ariche, que será el número dos del fiscal superior de Cataluña, Pedro Bañeres, deseó que «en pocos días» esté constituido el nuevo Govern, y recordó a autoridades y funcionarios públicos que «son los primeros obligados a cumplir la ley, a defenderla y a reponer su vigencia en cuanto quede quebrantada».

Ciutadans reclamó ayer a la Delegación del Gobierno que actúe «ante la invasión del espacio público» de la que acusa al independentismo y anunció que presentará una propuesta de resolución en el Parlament en la que defiende la «neutralidad de los espacios y edificios públicos».

El mismo requerimiento lo trasladará a los consistorios catalanes para que ordenen retirar toda simbología vinculada al procés y, de hecho, ya han exigido a Ada Colau que descuelgue el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. En la misma línea, el PSC de la ciudad requirió que se «blinden los espacios institucionales, como el balcón del ayuntamiento, de símbolos partidistas».

CASO OMISO / Pero caso omiso le ha hecho el gobierno de Colau. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, garantizó que el lazo amarillo seguirá en el balcón del consistorio, y llamó a la «autocontención» para que todos los ciudadanos puedan expresarse y manifestarse libremente. «El lazo lo mantendremos en el balcón porque expresa una cuestión que no es de partidos ni de independentistas o no independentistas, sino de rechazo al encarcelamiento, que la mayoría de la población barcelonesa comparte y no forma parte de la solución política», defendió.

INVESTIGACIÓN MUNICIPAL / Advirtió de que no tolerará ningún tipo de violencia, tras el episodio del domingo en el que se registraron «alborotos de grupos ultras» ante el ayuntamiento, cuando algunos manifestantes se abalanzaron sobre los agentes para retirar la insignia. El consistorio ya ha abierto diligencias para investigar el alcance de los incidentes.

Pisarello explicó que se produjeron identificaciones, y afeó a los Mossos no haber sido advertidos sobre la «peligrosidad de la concentración» para diseñar un operativo policial especial. El grupo municipal de ERC pidió explicaciones a la alcaldesa por la retirada temporal del lazo amarillo a raíz de los altercados y el PDECat urgió convocar una junta de portavoces para abordar la cuestión. La CUP, por su parte, ve «permisividad» en la actitud del consistorio «al no impedir la ocupación de la vía pública por parte de la extrema derecha» y ha impulsado mociones a nivel municipal para rechazar los «ataques de violencia fascista» en Catalunya. Colau viajó ayer a Madrid para reunirse en la prisión de Alcalá-Meco con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa. Colau exigió la excarcelación de todos los exmiembros del Govern o, en su defecto, su acercamiento a Cataluña.