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La Fiscalía informa en contra de investigar al Gobierno por su gestión del covid

Pide la inadmisión de la veintena de querellas interpuestas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No aprecia delito en la actuación del coronavirus y se opone a tramitar las iniciativas penales

 

Luis Navajas, Fiscal General del Estado en funciones, en una imagen del 2003. - JUAN MANUEL PRATS

Ángeles Vázquez Ángeles Vázquez
14/09/2020

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no ve motivo para investigar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia, al menos a través de la veintena de querellas presentadas en el alto tribunal contra el Ejecutivo, cuya inadmisión a trámite propone a la Sala Segunda del alto tribunal en un informe de 310 páginas. Todavía debe pronunciarse sobre las denuncias interpuestas por distintos colectivos durante y al terminar el estado de alarma.

Pese a que la mayoritaria Asociación de Fiscales proponía la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para fijar un criterio, finalmente ha sido Navajas, junto con el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, así como la Unidad especializada de Siniestralidad laboral yla Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, las que se han pronunciado sobre estas querellas.

En una nota, el ministerio público explica que pronunciarse sobre los aforados corresponde al teniente fiscal del Supremo y, conforme a los artículos 15 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala para la elaboración de un informe sobre la presunta responabilidad penal de los miembros del Ejecutivo.

El informe explica que todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, aunque se han acumulado en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos, tales como delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Los querellantes son diversos: Vox, la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

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