No se prevé esta vez haya problemas con la euroorden cursada y el expresident catalán podría estar en España en un plazo que oscila entre los 10 días, si el propio Carles Puigdemont accede voluntariamente a la entrega, y 60 días, si se opone. Solo en casos excepcionales puede prorrogarse 30 días más. Nada más confirmarse el arresto del líder del procés, la fiscalía española anunciaba que ya realiza «intensas gestiones» con el ministerio fiscal de Alemania y Eurojust con la finalidad de poner a su disposición toda la documentación que se precise para hacer efectiva la euroorden contra él.

Los fiscales tenían ganas de actuar contra el expresidente catalán. En enero, cuando viajó a Copenhague, solicitaron al juez Pablo Llarena que reactivara las euroórdenes que había anulado al asumir el caso. Y la semana pasada instaron la limitación de los pasaportes de los huidos para evitar que siguieran viajando impunemente por Europa.

Sin embargo, el juez Llarena tenía sus propios tiempos: no reactivaría las euroórdenes hasta dictar el auto de procesamiento. De esta forma, la solicitud estaría fundada ya en un auto de procesamiento que cuenta «con la firmeza que deriva de una instrucción culminada en lo esencial».

La resolución, en la que se procesa en rebeldía a Carles Puigdemont por rebelión y malversación, le sorprendió en Finlandia, lejos de Bélgica, donde había fijado su residencia el mismo día que la fiscalía se querellaba contra él. En Alemania no tiene ningún arraigo. En situaciones similares en España esa sola circunstancia ha supuesto que se envíe a la cárcel al reclamado, mientras se tramita la euroorden, para evitar su huida.

PP, POSE y Ciudadanos se felicitaron por el arresto. Discrepó de ellos el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Mientras, dirigentes independentistas coincidieron ayer en pedir a las autoridades alemanas que no extraditen al expresidente catalán. Muchos de ellos participaron en las distintas protestas que se produjeron en las calles de Barcelona y otras ciudades. JxCat, ERC y la CUP estudiaban una respuesta conjunta, aunque esta última formación insistía anoche en la estrategia de choque y proponía volver a la casilla de salida tratando de investir de nuevo a Carles Puigdemont.

Desde JxCat se aseguró que el expresident conocía los riesgos de su viaje a Finlandia, pero no quiso que «el miedo lo detuviese» en su objetivo de «internacionalizar» la causa independentista.

Mientras, la CUP fue más contundente al denunciar los que sus principales personajes públicos califican de «represión antidemocrática» del Estado. En la línea que la formación defiende desde las elecciones del 21-D, el diputado Carles Riera insistió en la necesidad de plantear una movilización permanente. La «primavera catalana», dijo Riera, pasaría también por investir a Puigdemont -desobedeciendo las directrices del Tribunal Constitucional- y por «paralizar el país».

La Catalunya en Comú de Xavier Domènech también se sumó a algunas concentraciones, pero no participó en las negociaciones de los independentistas.

La jornada política se cerró con un mensaje institucional del presidente del Parlament en TV3. En opinión de Roger Torrent, la detención de Puigdemont hace aún más necesario el «frente común» que propuso el sábado, y en el que se compromete a trabajar a partir de esta semana. Además, añadió que «ningún juez ni ningún gobierno», tienen, según él, legitimidad para cesar o perseguir a Puigdemont.