El juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía en la sede central del partido quedó ayer visto para sentencia sin que ninguna parte haya variado su posición inicial, salvo una de las acusaciones populares, que dobló la pena que pedía inicialmente, al apreciar dos delitos de daños informáticos y no uno.

Izquierda Unida fue quien pidió la mayor pena para el PP: multa de 10,8 millones de euros por destruir los discos duros para «tratar de tapar sus vergüenzas con implicaciones penales». La fiscalía, por su parte, sostuvo que los hechos no son constitutivos de delito, porque aunque los dispositivos guardaran «la contabilidad B del PP», como asegura la acción popular, «esa contabilidad B no le sería ajena» al partido, lo que impediría castigarle penalmente por su destrucción. Ante tal comentario, a la defensa solo le faltó aplaudir.

Todos tuvieron muy presente el caso Gürtel y la causa en la que se dilucidará si el partido se financió durante años con una caja B, contra cuya línea de flotación disparó el abogado del PP, Jesús Santos. Este se centró en cuestionar la contabilidad manuscrita de Bárcenas y la propia credibilidad del extesorero Esteban Mestre, que defiende al exresponsable jurídico del partido Alberto Durán, llegó a compararle con Groucho Marx porque, dijo, tiene principios para cada día. Carlos Gómez-Jara, en nombre del informático José Manuel Moreno, atribuyó el caso «a la rivalidad política» y Enrique Molina, abogado de la extesorera del PP Carmen Navarro, sostuvo, por su parte, que los acusados lo están por lo que «son» y «no por lo que han hecho».

Además de la multa millonaria para el PP, el abogado de IU Juan Moreno pidió cuatro años y medio de cárcel por daños informáticos en concurso con encubrimiento para los tres exempleados del partido.

El letrado defendió la condena apelando al «nerviosismo» que generaba en el partido lo que Bárcenas sabía. Observatori Desc elevó su petición para el PP a multa de dos millones de euros y dobló la que inicialmente proponía para sus exempleados (cuatro años para Navarro; tres años y 10 meses para Durán, y un par de meses menos para Moreno).

La representante del ministerio público, Carmen Luciáñez, negó que «haya habido dirección política» y destacó que mantiene la misma posición desde el 2013.