El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha reunido este martes al 'major' de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y a los máximos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente, para comunicarles las órdenes del fiscal general del Estado de impedir cualquier acto de preparación del referéndum independentista del 1-O para evitar la "consumación del delito", así como la obligatoriedad de "requisar urnas" y todo material o elemento destinados a la celebración de la consulta.

Tras el encuentro, el ministerio público ha emitido un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar el "referéndum de autodeterminación ilegal".

Trapero ha accedido a la sede de la fiscalía, en la calle de Pau Claris de Barcelona, poco antes de las doce del mediodía, hora a la que había sido citado con los dirigentes del resto de cuerpos de seguridad. Numerosos fotógrafos y cámaras de televisión esperaban a su llegada. Otros mandos policiales citados a la reunión, que ha consistido simplemente en comunicar oficialmente la decisión de la fiscalía general y ha durado apenas media hora, han preferido acceder en coche por el párquing de la fiscalía.

"Medidas necesarias"

La Fiscalía General del Estado dictó el pasado jueves un oficio en el que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya que tomen las "medidas necesarias" para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum unilateral. Para ello, les conmina a intervenir efectos e "instrumentos" destinados a tal fin, como urnas, papeletas electorales y otro material. Si es necesario, pide a los agentes que requieran autorización judicial para posibles entradas y registros y redactar atestados ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios o particulares.

Al entender de la fiscalía, la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (penado con multa e inhabilitación especial), en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del Constitucional; prevaricación (castigado con inhabilitación especial), al adoptarse resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, y malversación de caudales públicos (supone un condena de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años) en tanto se dispondría de fondos públicos para la realización de actividades delictivas.

Registro en una imprenta y un semanarioEn este sentido, la semana pasada se registraron una imprenta de la población tarragonense de Constantí y una publicación local de Valls, 'El Vallenc' que podrían estar relacionados con la edición de documentos para la celebración del referéndum.

Trapero es una de las autoridades a las que el Tribunal Constitucional ha notificado en persona la suspensión de la convocatoria de referéndum. Si hiciera caso omiso a este acuerdo, podría ser acusado de desobediencia.