"Lo que estamos viendo en la España del siglo XXI es a gente que pide a otra que se vaya de su pueblo. Es la xenofobia, el racismo, el fascismo en estado puro, que es lo que defienden los supremacistas abertzales impregnados de un nacionalismo trasnochado". Con esta contundencia el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals pidió al tribunal que condene a penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de prisión a los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua.
La única modificación que realizó la fiscalía en su petición de pena se centró en la pena alternativa, por desórdenes públicos terroristas, atentado a la autoridad y lesiones, en la que incluyó la agravante de género, por la agresión sufrida por las parejas de los agentes.
La fiscalía argumenta que hay prueba suficiente de que "lo que ocurrió en Alsasua no fue una pelea de bar", sino que se incluía en una agresión planificada para expulsar a la Guardia Civil e "infundir terror", porque "ETA no era una mera organización de pistoleros, sino que se trataba de un entramado complejísimo con distintos frentes", incluido el de masas que dinamizaba a la sociedad para expulsar de Euskadi y Navarra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Su principal petición de pena se dirige contra Ohian Arnanz, para el que pide 62 años y medio de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas y uno de amenazas terroristas. Para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, el Ministerio Público pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Ainara Urquijo solicita 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas.
No una pelea de bar
Según el fiscal, "hay pruebas suficientes para considerar" que lo ocurrido en Alsasua "no fue una pelea de bar", sino una agresión "planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar" a dicho cuerpo policial de la localidad.
El objetivo de la paliza fue "infundir terror a los que no piensan como ellos" en Alsasua. Por todo ello, "la prueba aportada" durante el juicio que se ha celebrado desde el pasado 16 de abril en la Audiencia Nacional ha demostrado que "no es un juicio de faltas".
"Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. ETA no era una mera organización de pistoleros", ha explicado.
El juicio de la agresión está llegando al final y a solicitud de las defensas se visionó un vídeo que cuestiona la versión de la Guardia Civil. El documento muestra los momentos posteriores a la pelea y quien aparece en las imágenes es el sargento, no el teniente que fue quien sufrió las lesiones más graves, entre ellas, una rotura de tobillo.
Según el fiscal, Jokin entró al bar y fue directo hacia el sargento y el teniente de la Guardia Civil. Destaca el gran número de personas que se concentró en el lugar, gracias a los teléfonos móviles, y que ninguna de ellas llamara a los servicios de emergencia.
Mostró su extrañeza porque no haya ninguna imagen, ni grabación de la agresión. Y que el vídeo posterior se presentó por primera vez no en la instrucción, sino ya en la sala con el escrito de defensa. "Las imágenes no digo que hayan sido manipulados. Pero salta a la vista la blancura de esa camisa", dice el fiscal, por lo que "no es lógico que no se aportara como prueba durante la instrucción", por lo que insinúo que la grabación haya sido manipulada y pidió al tribunal que lo tuviera en cuenta a la hora de dictar sentencia.
