La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este jueves en Barcelona que se decidirá “caso por caso” si, al final, se presenta denuncias o querellas contra los alcaldes que apoyaron el referéndum unilateral del 1-0 y, en algunos casos, cedieron locales de titularidad pública para la votación. Las investigaciones abiertas contra algunos ediles en la fiscalía ya están “ultimadas”, según la máxima representante del ministerio público, que a su vez, ha querido dejar claro que nos existe "ninguna causa generalizada", sino que cada uno de los procedimientos es individual.

La Fiscalía de Barcelona, sin embargo, se inclina por la presentación de algunas querellas contra alcaldes de la provincia. El borrador de algunas de ellas está sobre la mesa del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. Se desconoce que pueden hacer otras fiscalías catalanas, aunque Segarra ha señalado la “unidad de acción” de la institución que dirige. La fiscal general del Estado, según las fuentes judiciales consultadas, ha mantenido reuniones con los máximos responsables de la fiscalía catalana para debatir una serie de asuntos candentes. Estaba previsto que se estudiara, precisamente, el estado en que se encuentran las diligencias abiertas contra los alcaldes por el 1-O. El caso del alcalde de Sabadell, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya está judicializado.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Es la primera vez que Segarra acude a la capital catalana, donde ejerció al poco de ingresar en la carrera fiscal, desde que fue nombrada fiscal general. No sólo ha visitado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donde se ha entrevistado con su presidente, Jesus María Barrientos, sino también la Fiscalía Superior de Catalunya, donde han mantenido una reunión, y la sede de la Fiscalía de Barcelona, en la Ciutat de la Justicia.

En un breve encuentro con los medios de comunicación se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre las actuaciones abiertas a los alcaldes del 1-O, pero también al embrollo que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la paralización de su renovación tras la retirada del Manuel Marchena como candidato a presidirlo. Segarra ha afirmado que la decisión de Marchena es una cuestión "personal y respetable" y dentro del contexto de la independencia judicial "me parece oportuno" y el aplazamiento de la renovación del consejo "prudente". Ha agregacdo que la fiscalía "siempre estará al lado de cualquier gesto que refuerde la independencia" judicial. La fiscal general ha evitado pronunciarse sobre el cese del abogado del Estado designado para el juicio en el Tribunal Supremo sobre la supuesta rebelión del cesado gobierno de Carles Puigdemont.