El fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza ha sido quien ha tenido el honor de ser el primero en defender las conclusiones finales del ministerio público y no se ha andado con chiquitas y ha tachado lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 de "golpe de Estado", en el que se utilizaron medios legales y violencia, cuando fue necesaria, en busca un supuesto derecho de autodeterminación que no prevé que la propia ley de transitoriedad aprobada por el propio Parlament y luego anulada por el Tribunal Constitucional.

Ha negado que haya presos políticos y que el juicio criminalice la disidencia política o la persecución de las ideas políticas y no ha dudado en tachar de "cinismo" el acusar de no dialogar a quien cumple y defiende la Constitución, y de "experto en sofismas" al líder de ERC Oriol Junqueras por el alegato con el que comenzó el juicio en el que entre otras ideas planteó que "votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza, sí".

Zaragoza ha comenzado el informe con los grandes principios: "El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de disidencia política, no se persiguen ideas políticas, ni la represión de proyectos políticos. Y los acusados y sus terminales son conscientes de ello. La razón es haber intentado liquidar la Constitución, instrumento básico de nuestra democracia; haber atacado el orden constitucional con procedimientos ilegales y utilizando la violencia cuando le ha sido necesario al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que adolece de apoyo normativo nacional ni internacional".