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El fiscal acorrala a la cúpula de TV-3 y de Catalunya Radio

Las acusa de organización criminal por el 1 de octubre

 

J. G. A.
16/05/2019

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza que investiga la organización del referéndum unilateral del 1-O que amplie el procesamiento contra 28 altos cargos de la Generalitat y empresarios por un delito de organización criminal, que comporta penas de hasta ocho años de cárcel. Entre esas personas que cita se encuentra el director de TV-3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Radio, Saul Gordilo, la presidenta de la Coorporación Catala de Medios Audiovisuales (CCMA), Nuria Llorach, así como el secretario de Comunicación del Ejecutivo catalán, Antoni Molons, y los secretarios generales de Presidencia y de Trabajo, Joaquim Nin y Josep Ginesta, y el de Relaciones Internacionales, Aleix Villatoro. También incluye a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, al director general de Comunicación, Jaume Clotet, y al director general de Patrimonio, Francesc Sutrias.

Según la fiscalía, «la actitud de los procesados ha sido conjunta y coordinada» ante las resoluciones dictadas por el TC» en las que se suspendió y después se declaraba la inconstitucionalidad de las resoluciones o leyes del Parlament. Los encausados, argumenta la acusación pública, continuaron con la »hoja de ruta« que tenía marcada cada uno de ellos »en el ámbito de sus competencias y responsabilidades«. El escrito subraya que estos 28 procesados de «forma concertada y permanente en el tiempo» participaron «mediante su aportación individual y jerarquizada» en el propósito de «conseguir por vías delictivas la secesión» de Cataluña.

Las personas para las que se reclama la ampliación del procesamiento estaban acusadas ahora por los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, entre otros. Con la nueva calificación jurídica en la que se incluye la organización criminal, se produce un salto cualitativo y cuantitativo en la pena que podría reclamarse para ellos. En total hay 30 procesados, por lo que solo dos de ellos quedan fuera de la acusación por el nuevo delito.

La fiscalía recuerda que en el recurso se indicaba que desde el Ejecutivo de Carles Puigdemont se trazó «una línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum»,