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... y el filón del juicio político

Las defensas acusan al Supremo de criminalizar el independentismo . Los 12 procesados conjugarán razones jurídicas y denuncias de derechos civiles

 

J. G. ALBALAT
11/02/2019

La defensa de los dirigentes independentistas que serán juzgados en el Tribunal Supremo tienen un denominador común: los procesados no han cometido ningún delito, no existió ni se incitó a la violencia y las movilizaciones fueron pacíficas y actuaron de forma democrática por la falta de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero a partir de ahí, cada abogado ha trazado su propio camino. Los escritos presentados ante el alto tribunal revelan estrategias diferentes y con múltiples matices entre los 12 líderes soberanistas.

Hay abogados que plantean un juicio con una fuerte carga política, al entender que el tribunal ya tiene en mente la condena, y apuestan por la justicia europea. Este grupo de juristas denuncia la vulneración de derechos fundamentales y el ataque y represión por parte del Estado español hacia el independentismo.

«Anhelar la independencia no es delito», sostiene en su escrito la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien, a su vez, se desvincula de la organización del 1-O y de la aprobación de la DUI, que llegó a petición de los grupos. En su escrito, incide en que la causa busca «criminalizar» a la que fuera máxima responsable de la Cámara catalana «exclusivamente» por haber presidido la ANC, pese a que, en el ejercicio de su cargo, «jamás participó, ni pudo participar» en la toma y ejecución de decisiones adoptadas por el Gobierno de Carles Puigdemont.

A esa criminalización, pero del movimiento independentista en general, se refiere el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. A su juicio, las pruebas recopiladas por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O «no son otra cosa» que el fruto de unas pesquisas «instrumentalizadas a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes», una «causa general». Recalca que «votar nunca puede ser delito» y que se ha producido un «frontal desprecio de los derechos fundamentales» de los acusados.

Las alusiones a la naturaleza política del proceso judicial y a la supuesta vulneración de derechos son una constante en los alegatos. Para el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, el sumario no es más que un juicio contra una serie de derechos, cuya misión ha sido «proteger a toda costa la unidad territorial española», mediante una acción «concertada» de los poderes del Estado.

la fórmula mixta / La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull combina trazos políticos con la batalla jurídica. En sus escritos recogen la siguiente expresión: «Los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos blandieron por mayor arma un simple papel para depositar en una urna y al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas». Precisan que no existió alzamiento violento o tumultuoso y critica la «violencia policial desproporcionada» durante el 1-O.

Las apreciaciones de Joaquim Forn son algo distintas y tienen un aroma menos político. En su escrito detalla que no participó «en el diseño del operativo policial» del 1-O, «ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político». Eso sí, hace piña con el resto de acusados y admite que, en sintonía con la voluntad de su partido, del Gobierno del que formó parte, y de sus electores, impulsó «un proceso tendente a la consecución de la independencia por medios pacíficos».

Los argumentos de Santi Vila son distintos. Sostiene que su «posicionamiento político» siempre ha sido contrario a «estrategias unilaterales». Y la exconsejera Meritxell Borràs aduce que el 1-O ya no tenía las competencias en procesos electorales.

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