La tesorera del Partido Popular en Valencia hasta 2012, Yolanda García, negó ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, haber hablado en algún momento con empresarios adjudicatarios de obra pública valenciana, que según han declarado varios de los acusados en esta pieza del 'caso Gürtel', pagaron los actos electorales del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008. García incluso añadió: "De un sistema de pago o financiación diferente al legal nunca he sabido nada".

Según ella, las funciones de una tesorera eran políticas y aceptó el cargo solo porque le dijeron que así sería y que la gerente, Cristina Ibáñez, se encargaba de todo lo económico. Ni siquiera, pese a que la sustituyó mientras ella estuvo de baja de maternidad, admitió más conocimiento, tener firma o cualquier responsabilidad en las cuentas o pagos. Ello motivó que el magistrado le comentara que su "trabajo era muy bueno"; la confirmación involuntaria de la acusada provocó risas en la sala.

Su declaración consistió en ignorar todo lo relativo a facturas. Justificó la de 142.680 euros que pagó el grupo parlamentario popular a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', en que eran Navidades y el que era secretario del grupo, David Serra, se iba de vacaciones fuera. En las conversaciones advierte de que debe ser ingresada antes de que acabara el año.

Ante el juez, García sostuvo que el grupo parlamentario popular también contrataba con Orange Market por lo que entendió que se debía a un servicio que había hecho para ellos.

Ella llamó a Pérez, según dijo, por indicación del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien sí admitió ante el juez la financiación en b del partido y los pagos de facturas por parte de empresarios. En las conversaciones se ve que la relación entre García y Pérez era fluida y amistosa.