El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 'exconsellers' Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret comparecen desde las 14.00 horas ante el juez de la Cámara del Consejo de Bruselas, una especie de tribunal de primera instancia, que debe decidir si ejecuta o no la orden europea de detención y entrega dictada por España. [Sigue las últimas noticias sobre Puigdemont en directo.]

Se trata del primer asalto en un "caso excepcional", "mediático" y "diplomáticamente muy sensible", según coinciden todos expertos consultados, que ha permitido al sector independentista europeizar el conflicto judicial abierto en España tras la proclamación unilateral de la república catalana. A continuación, algunas claves del proceso.

¿Qué es la euroorden?

Entró en vigor el 1 de enero de 2004, promovida por el ex presidente José María Aznar, y fue creada para facilitar las extradiciones y agilizar los dilatados procedimientos que solían existir hasta entonces entre los Estados miembros. Su aprobación supuso el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, poner fin a las injerencias políticas, y asumir que todos los países de la Unión Europea disponen de sistemas judiciales justos y que ofrecen garantías legales plenas. La jueza Carmen Lamela emitió el pasado 3 de noviembre cinco contra los cinco políticos catalanes que se refugiaron en Bélgica por desoír su citación judicial.

Plazos y recursos

Los plazos están tasados pero hay flexibilidad. La normativa incluye un límite de 60 días aunque en situaciones excepcionales puede prolongarse hasta los 90 días o más. El primer asalto se juega en la Cámara del Consejo donde comparecen esta tarde los políticos catalanes acompañados de sus abogados y de un intérprete neerlandófono ya que la vista será en neerlandés. Es poco probable que el magistrado tome una decisión este viernes y lo más probable es que se tome unos días dada la complejidad del caso. Una vez que haya decisión, tanto la Fiscalía como la defensa tendrán 24 horas para recurrirla ante el Tribunal de apelación cuyo fallo también es recurrible en el Tribunal de casación. Esto significa que lo más probable es que Puigdemont y sus exconsellers sigan en Bruselas durante la campaña y el 21D.

Papel de la defensa y la fiscalía

Puigdemont y los exconsellers estarán representados en el proceso judicial belga por una decena de abogados liderados por Paul Bekaert, Christophe Marchand, y Michele Hirsch. España no será parte del proceso. La Fiscalía belga no representa sus intereses pero ha pedido información detallada sobre el sistema penitenciario español, la situación en las cárceles y la prisión a la que serían trasladados los políticos catalanes en caso de extradición para armarse de argumentos y afrontar las posibles dudas del juez preparada y es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE señala que no se puede extraditar nadie si existe un riesgo real de trato inhumano o degradante debido a las condiciones de detención.

Delitos y alegaciones

España ha solicitado la extradición en base a cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. La defensa intentará desmontar estas acusaciones, prolongar el proceso y evitar la extradición. Será quien tendrá que motivar y concretar por qué la entrega podría vulnerar sus derechos fundamentales ya que "la carga de demostrar que existe riesgo para los derechos fundamentales está en manos de la defensa", explica Frank Vergrubben, profesor de derecho penal en la KU Leuven. Otro elemento clave será delimitar los delitos ya que la ley belga exige la doble incriminación, es decir, que existan tanto en España como en Bélgica. La defensa alegará que la prevaricación y la desobediencia, por ejemplo, son penas que no se deben tener en cuenta ya que están castigadas con menos de 12 meses y por tanto quedarían fuera del ámbito de la euroorden. En cuanto a la sedición y la rebelión, no figuran como tal en el código penal belga pero sí existen delitos similares que el magistrado tendrá que comprobar si coinciden.

Consulta al Tribunal de la UE

La posibilidad está sobre la mesa y nadie descarta que el caso pueda terminar en manos del Tribunal de Justicia de la UE lo que prolongaría aún más el proceso. "Podría ser si el juez tiene dudas o quiere quitarse un poco de responsabilidad de encima", opina Vergrubben. "Si tiene dudas sobre la manera de interpretar la decisión de la euroorden podría plantear preguntas", coincide Anne Weyembergh, experta en eurooden del Instituto del Estudios Europeos de la ULB. Y el caso se presta a ello. "No es algo que hayamos visto antes", puntualiza Jan Wouters, profesor de derecho internacional de la KU Leuven.

Posibilidades de éxito

Lo normal, coinciden los expertos, es que la euroorden se ejecute porque no es posible rechazar una orden por motivos "políticos" pero la legislación belga incluye desde 2003 la posibilidad de evitar una extradición "cuando hay razones objetivas y dudas de que los derechos fundamentales de una persona pueden ser vulneradas. Todo dependerá de la calidad de los argumentos y de las evidencias que aporten", apunta Wouters. "Será una cuestión de apreciación de los hechos pero la euroorden se basa en un elevado grado de confianza mutua y no puede rechazarse porque podría haber una violación. Hay que ser preciso y concreto", subraya Weyembergh. El primer asalto arranca este 17 de noviembre.