El exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano se acogió ayer a su derecho a no declarar en la pieza del caso Villarejo sobre el encargo de la entidad financiera al excomisario para realizar labores de espionaje, al igual que hicieron la semana pasada los cargos del banco que fueron citados como investigados. También estaba citado ayer como imputado Ricardo Gómez Barredo, miembro del consejo de administración de Garanti (filial en Turquía del BBVA), que, como Cano, optó por callar ante el juez, según explicaron fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ningún tipo de medida cautelar para ellos, por lo que de momento solo el exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, que también se negó a prestar declaración, tiene pendiente el pago de una fianza de 300.000 euros a abonar hasta el 24 de julio para evitar la prisión.
El excomisario Villarejo declaró el miércoles desde la cárcel de Estremera (Madrid) que Corrochano fue su interlocutor en la contratación en el 2004 de su empresa, Cenyt, para defenderse de una opa hostil de Sacyr. Explicó, según informó su abogado a la salida de prisión, que la relación se extendió hasta el 2017 bajo un contrato de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores. Exministros, periodistas, empresarios y banqueros fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría ayudado, entre otros, de Corrochano. Según los investigadores, se intervinieron más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas. Estas pesquisas derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor del BBVA, tras haber dejado en diciembre la presidencia.
