Con tiempo para pensar y con un precedente similar es más sencillo preparar una estrategia de defensa. También ayuda la experiencia. Este viernes el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, siete 'exconsellers', el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el que era de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ahora es el número dos de las listas de Junts pel Catalunya, Jordi Sànchez, volverán a estar delante de un juez. Su objetivo es abandonar la cárcel a la que les envió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Confían en correr una suerte similar a la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa que declararon en el Supremo el 9 de noviembre. Quedaron libres y Forcadell fue la única que pasó la noche en prisión, al conocerse la decisión a una hora en la que era imposible consignar los 150.000 euros que le impuso de fianza el magistrado Pablo Llarena, una posibilidad que podría repetirse mañana y hasta alargarse al lunes, al no haber juzgado de guardia en el alto tribunal. En esta ocasión se trata de presos y no de detenidos, por lo que el juez no tiene que pronunciarse en un plazo concreto ni está obligado a hacerlo tras escuchar este viernes las alegaciones del Govern cesado.

Para quedar en libertad, los miembros de la Mesa contestaron a todas las preguntas y, cuando vieron que la fiscalía pedía fianza para Ramona Barrufet, tras desmarcarse de vías unilaterales y negar cualquier posibilidad de reiteración delictiva al no seguir en política, Lluís Corominas y Lluís Guinó también renunciaron a la unilateralidad y acataron el artículo 155 de la Constitución, extremo que también verbalizó Forcadell. Del auto de Llarena se desprendía, además, que era menos proclive a acordar prisión que Lamela.

Acatamiento por escrito

Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, en el escrito que le presentaron para solicitar la revisión, dicen expresamente que "acatan" el 155, aunque no comparten cómo se ha aplicado. Los cuatro concurrirán a las elecciones del 21-D en las listas de ERC y desean participar en los actos de campaña. Y, lo más importante, si resultan elegidos, como es más que probable, se comprometen "firmemente" a "canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación". No hacen una renuncia expresa a la unilateralidad, pero eso parece desprenderse de esa afirmación.

La intención del magistrado Llarena no es tomarles declaración sobre la totalidad de la causa en la que se les investiga por delitos de rebelión, sedición y malversación, sino únicamente sobre los extremos necesarios para revisar la prisión en la que se encuentran. Y así lo planteaban la mayoría de los 'exconsellers'. Meritxell Borrás, que no concurrirá a las próximas elecciones, centraba su petición en una nueva declaración. En la Audiencia Nacional todos, salvo Santi Vila, optaron por contestar a un par de cuestiones de sus abogados para negar haber incentivado la violencia.

Desde las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, los 10 volverán a los calabozos de la Audiencia, porque el Supremo no tiene. Desde ellos saldrán de dos en dos en coche al alto tribunal para defender ante Llarena su libertad.