Lentamente y a plazos. Esquerra sigue una línea gradualista para conseguir sacar del tablero de juego a Carles Puigdemont. Entre grandes adhesiones verbales al expresident y grandes reconocimientos a su figura y a su cargo, del que fue cesado el 27 de octubre en virtud del artículo 155 de la Constitución, los republicanos van apuntando condiciones, si quiere lógicas, que, indeflectiblemente, lo dejan fuera de juego.

La reaparición de Marta Rovira, máxima responsable efectiva de ERC en tanto que el líder, Oriol Junqueras se halla en prisión, despejó mucho la neblina que acompaña las acciones de los republicanos y cuya máxima expresión podría ser el discurso con el que Roger Torrent se plantó ante Puigdemont, el martes, cuando aplazó el pleno de investidura. En esa intervención no hay una sola palabra contraria o desafecta a Puigdemont. El significado global, sin embargo, era claro.

El propio Torrent, el jueves, afirmó aquello de que no convocaría de nuevo el pleno hasta que se consiguieran todas las garantías que el propio Puigdemont le había solicitado el lunes por carta. Es decir, que no habría detención si pusiera los pies en España. Algo que, por ahora, no está ni previsto ni se espera que lo esté, vista la actitud del Gobierno de Rajoy.

VUELTAS DE TUERCA / La aparición de Rovira, con una entrevista a la agencia ACN, dio dos vueltas de tuerca más. La primera, sobre el PDEcat, al afirmar que estaba «esperando» que los posconvergntes le explicaran el plan que tienen para investir a Puigdemont. En la sede republicana aún cuece que JxCat hiciera de un imposible, el retorno de Puigdemont de Bruselas si vencía las elecciones, el único motivo y eslogan de campaña. Y en la segunda parte de la misma entrevista, Rovira sentenciado al expresident: «La investidura no debe implicar consecuencias penales ni efectos judiciales negativos para muchos diputados». Entre estos están los miembros de la Mesa, los exconsellers con acta y, evidentemente, los que ya están encarcelados.

Para Rovira «es evidente» que ella y su partido están «dispuestos a asumir todos los riesgos que hagan falta, siempre que las decisiones que se tomen sirvan para avanzar» y que ante todo cabe «trabajar una investidura real y efectiva». O dicho de otro modo, ¿cabe sacrificar más gente por alcanzar una investidura que ni desobedeciendo sería efectiva, puesto que no podría gobernar?

Pero no es ERC el único que piensa en estos términos. Amplios sectores del PDECat asienten que, a pesar de ser lo deseable, investir a Puigdemont es poco realista.

Pero las discrepancias han llegado ya al heterogéneo grupo parlamentario de Junts per Catalunya, donde a pesar de no tener la manija el partido sí está presente. Es en ese grupo parlamentario donde se observa la mayor pluralidad de voces sobre qué hacer. Están desde los fieles al expresident que claman por su investidura o por elecciones y también los que abogan por ir preparando ya el llamado plan B. En el medio, hay incluso un grupo de fieles que ya empiezan a dudar de la efectividad de chocar ya, de nuevo, con el Estado.

Así pues, los tramoyistas están ya preparando para la salida, tarde o temprano, del plan B, sobre cuyo nombre se especula. O plan B o elecciones es la disyuntiva.

Conocedores de la situación, la CUP difundió ayer a los cuatro vientos el acuerdo al que llegó con ERC y JxCat. Una forma de decir que, si hay nuevo nombre y toca nueva negociación, esta tiene como suelo lo ya pactado.

Se trata de un documento de 14 puntos, entre los que están, por ejemplo, el inicio del proceso constituyente y también impulsar una asamblea constituyente provisional formada por diputados y concejales.