La pregunta que se formula en los mentideros de Madrid es si la euforia independentista tras la sentencia de Luxemburgo es compatible con que, a corto plazo, ERC dé con su abstención la presidencia del Gobierno al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Nadie arriesga una respuesta positiva, aunque sigue la resistencia a aceptar un escenario sin expectativas ciertas de investidura del dirigente socialista. Hasta el pasado jueves, la opinión mayoritaria de los ciudadanos consultados en Cataluña por Metroscopia (sondeo del 17 de diciembre) era favorable a un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC (68%), en tanto que se consideraba negativo (58%) en el resto de España.
Lo que aseguran estas fuentes es que el presidente en funciones y su reducido grupo de colaboradores han desplegado toda su capacidad de seducción y ejecutado los más difíciles ejercicios de flexibilidad semántica y política con los negociadores republicanos, lamentando que algunas declaraciones, como las del ministro José Luis Ábalos, hayan alterado la susceptibilidad de sus portavoces, que han logrado situarse en un plano de neta superioridad transaccional respecto de sus interlocutores del PSOE.
Aunque existían esperanzas de que los magistrados de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) optasen por no entrar en el fondo de las cuestiones prejudiciales sobre la inmunidad de Oriol Junqueras que les planteó el Tribunal Supremo, su resolución, llena de matices pero favorable al presidente de ERC, ha alterado el ambiente político general y trastocado un 'estatus quo' en el que se daba por descontado que la sesión de investidura podría celebrarse en cuestión de días y no de semanas. Ahora la dudosa elección de Sánchez se sitúa a mediados de enero.
AGONÍA PARA UNOS Y OTROS
Las nuevas circunstancias -no del todo imprevistas- han situado al PSOE y a ERC en el vórtice de un fenómeno político complicadísimo. O en otras palabras, en el centro mismo de un ciclón alimentado por una energía agónica para los unos y para los otros. El socialismo español tiene que salvar esta jugada tras un 10-N que disminuyó sus posibilidades respecto de las elecciones del 28-A, porque de no conseguirlo fracasará su líder y no quedaría otra alternativa que una ruptura con Pablo Iglesias y un arreglo con Pablo Casado e Inés Arrimadas -muy poco verosímil-, o unas terceras elecciones que estresarían el sistema constitucional hasta límites peligrosos.
Para los republicanos, la duda hamletiana no es menor porque han avanzado demasiado en las conversaciones con el PSOE como para ahora retractarse de los acuerdos iniciales -si bien no culminados- en función de unas circunstancias judiciales que están siendo interpretadas con más voluntarismo que rigor técnico-jurídico. ERC tiene que tomar una decisión con muchas aristas y que saldrá perfilada de su congreso que celebra este sábado, con el aviso de su presidente de que las conversaciones con el PSOE no se suspendan. Retirar el apoyo a Sánchez podría implicar un entendimiento alternativo 'in extremis' del socialismo con la oposición y, además, enajenarse la posible pista de aterrizaje de un pacto para esa aeronave con los motores siniestrados que es ya el proceso soberanista.
La inmunidad de Junqueras no constituye la cuestión nuclear de la sentencia de Luxemburgo, sino la práctica seguridad de que esta resolución convierte por un tiempo a Carles Puigdemont y a Toni Comín en europarlamentarios y refuerza así el liderazgo en el secesionismo catalán del expresidente de la Generalitat, que es muy vulnerable a la emotividad de la épica que el líder independentista sabe manejar con gran habilidad. El voltaje emocional descontrolado en el soberanismo -y de eso es consciente el PSOE- ralentizará, en el mejor de los casos, el acuerdo de investidura, aunque quizá el trascurso del tiempo ayude a dimensionar la verdadera trascendencia de los últimos acontecimientos.
PRECIO AL ALZA
Por otra parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha condenado a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia abre un período de tiempo limitado (de meses, hasta que el Supremo confirme, o no, la resolución y la convierta en firme) en el que la probabilidad de convocatoria de elecciones catalanas es alta, y quizá un acuerdo de los republicanos con los socialistas sin trofeos concretos que estos puedan exhibir a su electorado precarice sus aspiraciones a la hegemonía en el electorado soberanista. En este contexto, es verosímil que ERC eleve el precio de su abstención en una eventual sesión de investidura, pero es muy dudoso que el PSOE esté en condiciones de aumentar su actual arriesgada apuesta. La Abogacía del Estado ya reclamó que Junqueras adquiriese la condición de europarlamentario en junio pasado, pero ahora no pedirá la nulidad del juicio del 'procés' como le reclaman los republicanos al Gobierno.
El calendario de hitos se prolonga. Nada podrá decidirse sobre la investidura hasta que la Sala Segunda del Supremo dicte la resolución que ejecute la sentencia de Luxemburgo, previas alegaciones de las partes. Es previsible que se revierta la suspensión de la inhabilitación de Junqueras y que se le mantenga en la prisión cumpliendo condena, asumiendo así la petición de la fiscalía. Igualmente, será necesario conocer la decisión del instructor de la causa, Pablo Llarena, sobre la nueva situación procesal de Puigdemont y Comín, que seguramente requerirá de la emisión de un suplicatorio al Parlamento Europeo porque ambos son ya miembros de la Cámara de la UE.
Así, la acción política queda pautada por los tiempos judiciales que son autónomos de las urgencias de la clase dirigente. A todo ello debe sumarse una enorme saturación y hartazgo en la opinión pública -la catalana, probablemente; la de resto de España, con seguridad- ante este toma y daca inacabable que está formando una auténtica federación de ciudadanos hostiles a la actividad política y a sus protagonistas. Y en el PSOE sube la tensión interna.
