Con un «hoy empieza todo», el abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, inauguró la vista en la que todas las defensas plantearon, ya por última vez, que el juicio contra los 18 líderes del procés acusados de rebelión, sedición, malversación o desobediencia se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no en el Tribunal Supremo, como está previsto. Enfrente tenían a la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox, que con unas u otras palabras sostuvieron que debe ser el Supremo quien juzgue el «atentado grave al interés general de España» que se cometió con la declaración de independencia.

«No tengo los años de experiencia de los representantes de la fiscalía, pero nunca he estado más convencido del fondo de un asunto: son políticos haciendo política y el proceso no ha seguido las reglas», porque de haberlo hecho, se habría investigado y juzgado en Cataluña, defendió Van den Eynde. Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue más lejos al asegurar que «se están sacrificando los derechos fundamentales por una mal entendida indisolubilidad de la nación española», y puso en duda la imparcialidad del Supremo, al haberse puesto de manifiesto, a su juicio, que «es sensible a la injerencia del poder político».

El fiscal de Sala del Supremo Jaime Moreno negó la mayor con un «aquí no se criminaliza el voto exterior o interior» para pasar a explicar que el bien jurídico protegido en esta causa supera la competencia de Cataluña, porque se derogó la Constitución con la ley de transitoriedad, lo que supuso «un atentado al orden constitucional», y la declaración de independencia tuvo que ser respondida con el artículo 155 de la Carta Magna. «Hubo un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma, pero también un atentado grave al interés general de España, que requirió la intervención de dos Poderes del Estado», en referencia al gobierno de Mariano Rajoy y al Senado.

En esa misma línea fueron tanto Vox como la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, que aseguró ante el tribunal que lo ocurrido en Cataluña afectó «a todo el país», porque «la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación».A la afirmación de Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, relativa a que entre los hechos de los que se les acusa figura disponer de un registro de catalanes en el extranjero, cuando muchas otras comunidades autónomas cuentan con algo similar, Pedreño respondió que aunque sea así ninguna de ellas lo usa «para la comisión de delitos y fines declarados ilegales por el Tribunal Constitucional». El Tribunal Supremo resolverá previsiblemente hoy si es competente para juzgar el caso.