Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado martes al presidente de Vox en Lérida, José Antonio Ortiz Cambray, por un presunto delito contra la libertad sexual de un discapacitado. La supuesta víctima es una persona con discapacidad mayor de edad y la denuncia fue presentada por sus tutores, según fuentes judiciales. La formación ultra emitió un comunicado en el que, además de anunciar que le suspendía de militancia, aseguraba que Ortiz «no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido» y que solo es «un militante de base». Pero lo cierto es que, como se recordó ayer en las redes sociales, Vox se refirió a él en más de una ocasión en el pasado como presidente del partido en Lérida.
La investigación arrancó después de que los responsables del centro para menores con discapacidad intelectual Aspros detectasen una actitud rara en uno de ellos. Tras revisar su teléfono móvil, descubrieron imágenes y conversaciones que implicaban a Ortiz en un presunto delito de abusos sexuales.
Fuentes de la Generalitat informaron a Efe de que la víctima es un interno de una fundación tutelar privada para discapacitados que presta servicios concertados a la Generalitat en Lérida, aunque no precisó el nombre de la fundación. El departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat aún está recopilando datos sobre los hechos y todavía no ha decidido si, como hace en otros casos, se personará como acusación.
No obstante, las víctimas podrían ser de su entorno más cercano, todas del género masculino. La Policía sospecha que puede haber hasta cinco víctimas. En uno de los casos, el detenido habría pagado a un menor con discapacidad severa unos cinco euros por prácticas sexuales como felaciones.
EL MÓVIL DEL ARRESTADO / La investigación policial continúa abierta y está previsto que el sospechoso pase a disposición judicial hoy en el juzgado de guardia.
Según otras fuentes cercanas al caso citadas por Europa Press, la Policía está revisando el ordenador y el móvil de Ortiz buscando un posible consumo de pornografía infantil. La detención se produjo en el centro de trabajo del dirigente de Vox, en el barrio ilerdense de Cappont.
Curiosamente, Ortiz presentó el pasado lunes una denuncia ante la Fiscalía de Lérida por un presunto delito de odio por la aparición de muñecos ahorcados el pasado 27 de febrero con las siglas de Ciudadanos, PP, PSC, Unidos Podemos y Vox, y caras de líderes y pancartas en las que podía leerse «Todos los partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absolución Pablo Hásel» [en referencia al rapero leridano condenado a nueve meses de cárcel].
Ortiz Cambray se presentó a las elecciones municipales de Lérida en el 2011 como candidato por Plataforma per Catalunya, y ya en Vox lo hizo en las listas para el Senado en las elecciones generales de 2016. Este dirigente ultra ha protagonizado varias polémicas en los últimos años por mensaje en las redes sociales relacionados con la exhibición de símbolos franquistas.
«No descartamos que cuando tengamos más información, si es necesario, nos personemos en la causa, por el mal nombre o por el daño que haya podido causar a nuestro nombre», aseguró ayer el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que recordó que su formación defiende la cadena perpetua para los delincuentes sexuales, si bien puntualizó que no está pidiendo esta pena para el caso de su dirigente en Lérida, porque no va a «presumir culpabilidad sin estar en un juicio».
El resto de las formaciones políticas han optado por el silencio de momento, aunque consideran que la Generalitat catalana tendría que haber controlado más a los menores dependientes de la institución y de los que acuden a sus centros para evitar estos hechos.
