Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la familia de Francisco Franco, el Gobierno aprobará este viernes la exhumación de los restos del dictador, que saldrán del Valle de los Caídos 43 años después de su muerte por causas naturales. Pocas decisiones más simbólicas tomará Pedro Sánchez en esta legislatura. El jefe del Ejecutivo tomará una medida que ninguno de sus antecesores se atrevió, cimentando su fama de dirigente «valiente» (algo que le reconocen hasta sus críticos más acérrimos) y contando por el camino, según los planes de la Moncloa, con un amplio apoyo parlamentario. Después de muchas vueltas, la fórmula elegida será la del decreto ley, blindando así la iniciativa a las posibles acciones legales de los familiares del general golpista que gobernó España durante casi cuatro décadas.

La norma que saldrá del Consejo de Ministros será breve. Se limitará, explican fuentes de la Moncloa, a reformar la ley de memoria histórica en algunos de sus artículos, entre ellos el que se refiere, muy por encima, al Valle de los Caídos. A partir de ahí, todo irá rápido. El Ejecutivo espera que la necesaria convalidación del decreto por parte del Congreso tenga lugar en el primer tramo de septiembre. Y la salida de los restos, poco después.

Pero solo los de Franco. Los planes de la Moncloa no pasan, al menos de momento, por trasladar también a un lugar menos preeminente del enclave a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ni por convertir el recinto en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, como aprobó el Congreso, a propuesta del PSOE, en mayo del año pasado.

La iniciativa actual es más modesta. Pretende acabar con la anomalía que supone que Franco esté enterrado en la basílica del Valle de los Caídos. La irregularidad es doble. Por un lado, dentro del propio recinto, ya que el general no murió durante la contienda ni fue represaliado después. Por otro, en el contexto europeo, donde no existen paralelismos con esta situación.

EL PRECEDENTE / El Gobierno espera no tener especiales problemas en el Congreso para convalidar el decreto. La Cámara baja ya aprobó el pasado año una proposición no de ley (cuya importancia es solo política, no jurídica) que instaba al Gobierno, entonces del PP, a trasladar los restos de Franco. La iniciativa salió adelante con 198 votos a favor y las 140 abstenciones del PP y ERC, por motivos opuestos.

Los principales escollos para el Ejecutivo se situaban en la Iglesia Católica, que al final no ha puesto objeciones pese a que el dictador yace en un lugar de culto, y sobre todo en los familiares de Franco, que siempre han sido radicalmente contrarios al traslado. Para ellos, la falta de acuerdo convertirá la exhumación en una «profanación». Por eso Sánchez, que en un primer momento aseguró que la salida de Franco se produciría antes de agosto, se ha tomado todo este tiempo para buscar la fórmula adecuada. No quiere que una decisión de tanto calado, dentro y fuera de España, pueda ser revertida por una demanda de la familia. Al tratarse de una ley, los parientes de Franco no tienen margen para acudir a los tribunales, a diferencia de los grupos parlamentarios.

Por el momento, el PP dijo que revisará la legalidad del decreto. Su presidente, Pablo Casado, valoró así el traslado de los restos de Franco: «Reabrir viejas heridas no conduce a nada». Desde Cs, su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, criticó que el Gobierno no plantee una «solución global» al Valle de los Caídos.

Por su parte, el nieto del dictador Francisco Franco, de quien ha heredado el nombre, considera que es «absurdo» ordenar la exhumación de su abuelo mediante un decreto ley. Esta fórmula, señaló ayer, está prevista para temas urgentes y no para «tomarse la revancha 42 años después». «Las cosas se hicieron en su momento. Ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista», dijo Franco.