Los asesinatos de menores han inflamado sobremanera el ya de por sí convulso debate sobre la prisión permanente revisable, la cadena perpetua en España. Los crímenes de Marta del Castillo y Mari Luz Cortés pusieron sobre la mesa esta opción y los padres de las víctimas se convirtieron en abanderados de la implantación de una medida que fue aprobada por el Congreso en el 2015, cuando el PP aún gozaba del rodillo de la mayoría absoluta. El primer condenado fue David Oubel Renedo, el parricida de Moraña, que mató a sus dos hijas, Candela (9 años) y Amaia (4 años). Ahora, los casos de Diana Quer y Gabriel Cruz surcan el debate sobre el futuro de este tipo de condenas, que ponen en cuestión si el objetivo de las penas de cárcel en España es la reinserción social del condenado o el simple castigo punitivo.

Mari Luz Cortés

Juan José Cortés buscó durante 54 días a su hija Mari Luz, de 5 años y desaparecida el 13 de enero de 2008, hasta que apareció en la ría de Huelva. El asesino, Santiago del Valle, llevaba seis años huido de la justicia tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por abusar de su hija, también de 5 años. En medio de la conmoción social por el asesinato de Mari Luz, marcado por la lentitud policial y negligencias judiciales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra empezaron a trabajar en la elaboración de una base de datos común. El 30 de septiembre de 2008 Juan José, que había señalado al Gobierno como el «responsable indirecto del asesinato» de su hija, entregó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero 2,3 millones de firmas reclamando que se endurecieran las penas contra los pederastas y que se realizara un referéndum para aplicar la pena de muerte en los casos de abusos sexuales a menores.

Marta del Castillo

Miguel Carcaño acabó el 24 de enero de 2009 con la vida de Marta Castillo, de 17 años. El joven (con el que la víctima había salido dos años antes durante un mes) aseguró en la primera de las muchas declaraciones inculpatorias que habían discutido y que la había golpeado con un cenicero y que, con la ayuda de Samuel Benítez y el Cuco, envolvió el cuerpo con una manta y lo arrojó al río Guadalquivir. Pese que se han realizado varias búsquedas infructuosas, el cadáver sigue sin aparecer. Antonio del Castillo, padre de Marta, registró el 17 de noviembre del 2010 en el Congreso 1,6 millones de firmas que había recogido para reclamar una referéndum constitucional para la legalización de la cadena perpetua revisable. Ahora ha pedido a todas las personas que han respaldado la campaña sobre la repetición del juicio sobre la muerte de su hija, que cuenta ya con 1,7 millones de adhesiones, que también apoyen la petición sobre la prisión permanente revisable.

Diana Quer

Diana Quer desapareció la noche del 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba desde hacía años. Su familia estuvo casi 500 días sumida en la incertidumbre hasta que la detención de José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, permitió encontrar su cuerpo en una nave industrial abandonada que servía de escondite para contrabandistas. Su padre, Juan Carlos Quer, registró una petición en la plataforma Change.org para pedir al Congreso de los Diputados que no apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable. La iniciativa, impulsada junto a las familias de Marta, Mari Luz, Candela y Amaia y también de Ruth y José Bretón Ortiz (asesinados por su padre en el 2011), ha alcanzado ya más de 2,5 millones de firmas. «Espero del PSOE, de Podemos y del PNV una reflexión serena, porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente», advirtió el padre de Diana.

Gabriel Cruz

Cuatro días antes del debate en el Congreso sobre la supresión de la prisión permanente revisable, se conocía el trágico desenlace del caso de Gabriel Cruz, desaparecido el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas (Almería). Tras doce días de búsqueda desesperada, la investigación terminaba de la forma más abrupta y dolorosa posible. La Guardia Civil detuvo a su madrastra, Ana Julia Quezada, cuando trataba de trasladar el cadáver del niño desde el pozo en el que lo había arrojado a un lugar cercano a la población donde vivía.