Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, continúa recuperando la memoria. Tras desnudar en el juicio por la financiación irregular del PPCV las supuestas irregularidades de los populares y apuntar como cerebro a Francisco Camps, el expresident de la Generalitat y del partido conservador, ahora habría aportado nueva información que puede multiplicar los problemas judiciales de su exjefe.

Camps ya está imputado en una causa que investiga las circunstancias que rodearon la llegada de la Fórmula 1 a València, por la que tendrá que declarar el próximo 18 de mayo, y por otra que estudia posibles irregularidades en la propia construcción del circuito urbano.

Ahora El Mundo revela que Costa habría realizado una declaración secreta ante la Fiscalía Anticorrupción y habría «delatado» a Camps y que fruto de la información que habría aportado se ha reclamado a distintas conselleries todos los expedientes de la construcción del citado trazado urbano.

La petición, a la que tuvo acceso el diario, especifica se trata de una investigación prejudicial de Anticorrupción «tras la comparecencia efectuada por Ricardo Costa». Se investigan especialmente las adjudicaciones a la empresa Hormigones Martínez, que pertenece a uno de los grupos que reconoció haber financiado al PPCV, y, según El Confidencial, también a FCC, que no estaba en esa lista pero sí en la de donantes sospechosos de las campañas de Rita Barberá.

En su extensa entrevista con la fiscalía, la exmano derecha de Camps habría aportado datos de las cajas b del partido y del grupo municipal del Ayuntamiento de València pero también del reparto de comisiones de entre un 3% y un 5% en las adjudiaciones para construir colegios públicos o de irregularidades en grandes adjudicaciones de la Generalitat.

En su reciente cita en la Audiencia Nacional, Costa ya desveló que, en el 2007 y el 2008, en colaboración con las empresas del grupo Correa y con Camps al frente de la operación, el PPCV habría pagado algunos actos con dinero negro procedente de comisiones y habría dejado que algunos empresarios pagaran otros.

Fue un giro de 180 grados en su estrategia defensiva que le valió que la fiscalía redujera su petición de cárcel de casi ocho años de cárcel a algo más de cuatro. Eso sí, en la argumentación no se incluyó el atenuante de confesión como sí que pasó por ejemplo con Francisco Correa, una situación que podría dejar la puerta abierta a utilizar ese comodín más adelante para volver a tener algún tipo de beneficio, según todas las fuentes consultadas. Si el expolítico castellonense consiguiera que al final su condena fuera menor de dos años se evitaría entrar en prisión pues, como Camps, salió absuelto por un jurado popular del juicio de los trajes por lo que no tiene antecedentes.