El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, condenado a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana, tenía ayer que volver a la Audiencia Nacional para declarar en la causa abierta para determinar si a nivel nacional el PP también se nutrió de una caja b, cuya existencia declaró acreditada el juicio de la primera época de la trama Gürtel. No defraudó, pese a que ante el juez José de la Mata denunció las amenazas continuas que dice estar recibiendo.
Sin salirse del guión que se marcó durante su confesión en el juicio de la financiación ilegal del PP valenciano, Costa aseguró que el PP es un partido jerarquizado, en el que las gerencias territoriales dependen de la Génova, en referencia a la sede central del partido que ahora preside Pablo Casado.
Insistió en que era práctica habitual que el exvicepresidente valenciano Víctor Campos recibiera dinero de empresarios y que se lo entregara a la gerente del partido, quien lo ingresaba en las cuentas del partido en cantidades no superiores a 3.000 euros para eludir las restricciones de la ley de financiación de partidos políticos. Él mismo dijo haber recibido personalmente 150.000 euros en billetes de 500 de José Mayor Oreja, de FCC, en el 2008.
El abogado Enrique Santiago, que ejerce la acusación en nombre de Izquierda Unida, precisó, al terminar la comparecencia, que ese dinero se destinó a financiar la campaña electoral de ese año. El mitin de Mariano Rajoy en Valencia fue en parte financiado con el dinero de empresarios que resultaban adjudicatarios de contratos públicos en esa comunidad, cuyo monte global Costa cifró en 600 millones.
No obstante, de la reunión que tuvo en Génova con el extesorero Luis Bárcenas sobre la realización de facturas falsas por los pagos de empresarios, el exsecretario general del PPCV mantuvo que su interlocutor vio con buenos ojos que no quisiera prestarse a ello.
