El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia coordinó ayer una operación contra la corrupción en la que fue detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez.

Fuentes conocedoras de la operación confirmaron a este diario que al menos también fueron detenidas tres personas del círculo más cercano a Rodríguez. Se trata de Ricard Gallego, su jefe de gabinete, el asesor Manuel Reguart, y Jorge Cuerda, letrado secretario del consejo de administración de Divalterra. Todas las detenciones son policiales, ninguna la ha ordenado el juez instructor. Está previsto que pasen mañana a disposición judicial.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en el 2015. Las diligencias están secretas. Los co-gerentes Xavi Simón y Agustina Brines también han sido detenidos.

Divalterra es la empresa heredera de Imelsa, de la que fue gerente Marcos Benavent, el Yonki del dinero, cuando el popular Alfonso Rus presidía la Diputación.

En el marco de la llamada operación Alquería, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaron ayer registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. Rodríguez ha asistido tanto al registro en su domicilio como al realizado en el consistorio valenciano.

En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

‘SHOCK’ EN EL PSOE / José Muñoz, secretario de Organización del PSPV, reconoció que «evidentemente lo primero ha sido preocupación y shock» ante informaciones que aseguran que sólo conocen por los medios de comunicación. El dirigente dijo que necesitan «elementos de juicio para ser justos», señaló que van a ser «prudentes» pero también que conforme avance el día «tomaremos decisiones».

Por su parte, el vicesecretario general del partido, Manolo Mata, dijo que le «cuesta creer» que «por unos contratos irregulares» se haya lanzado un operativo para detener al presidente de la Diputación y apuntó que «tiene que ser otra cosa» aunque ha pedido «cautela» y «prudencia».

PENDIENTES DE JUICIO ORAL / El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en el Congreso que el PSOE aplicará el código ético del partido al presidente de la diputación valenciana, con lo que no adoptará ninguna medida hasta que no se le notifique la apertura de juicio oral. «Déjeme que lo vea, aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera», se ha limitado a responder ante las preguntas de los periodistas.

El código ético de los socialistas obliga a sus cargos públicos y orgánicos a dimitir en el momento en el que le comuniquen que se le abre juicio oral por un procedimiento penal. Si no lo hacen, el partido les suspenderá cautelarmente de militancia o les expulsará, en función del caso.

Precisamente ayer, el PP reclamó a Sánchez que asuma responsabilidades tal y como exigía él mismo cuando se encontraba en la oposición.