El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite ayer el recurso del Gobierno central en contra de la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permite tramitar de forma exprés el referéndum indpendentista del 1 de octubre. La mera toma en consideración del recurso supone la paralización automática de la norma y su suspensión durante como mínimo cinco meses, que son prorrogables. El Constitucional advierte en la providencia a los miembros de la Mesa de que aplicar ese reglamento acarrearía responsabilidades, incluidas las penales.

En una reunión extaordinaria de poco más de 45 minutos, los jueces decidieron por unanimidad admitir la impugnación del Gabinete de Mariano Rajoy en contra de los cambios en el apartado 2 del artículo 135 del reglamento del Parlamento, por considerar que vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en la Constitución. El Consejo de Garantías Estatutarias también tumbó las modificaciones de ese artículo (impulsadas por Junts pel Sí y la CUP) porque vulneran la Carta Magna y el propio Estatuto de Cataluña. La posibilidad de aprobar proyectos de ley en lectura única, principal novedad introducida, «no resulta procedente para la tramitación de leyes de contenido sustantivo complejo, ni para la innovación significativa en un sector del ordenamiento jurídico o para la reforma estructural del sistema institucional», sentenció el Consejo de Garantías.

El Gobierno del PP había pedido en el texto del recurso que se notificara la suspensión y se advirtiera de las posibles responsabilidades, incluidas la penal, a los miembros de la Mesa del Parlamento, con Carme Forcadell a la cabeza.

Así las cosas, serán Forcadell, los otros miembros del máximo órgano del Parlamento, el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, los que reciban en las próximas horas la notificación del Constitucional que señala que deben «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En concreto, deben abstenerse de «iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña, y en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única en aplicación del impugnado apartado segundo del artículo 135 del Reglamento».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a Forcadell y a los miembros de la Mesa de Junts pel Sí y Catalunya Sí Que Es Pot por desobediencia al Constitucional por permitir que el Parlamento votara dos resoluciones a favor del referéndum.

Además, ayer el PPC y Ciudadanos presentaron un recurso de amparo también ante el Constitucional contra esta reforma, aunque esta impugnación no se estudia con tanta urgencia como la que presenta el Ejecutivo.

DISPUESTO A IR A PRISIÓN / El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer que está dispuesto a aceptar «todas las consecuencias», incluso ir a prisión, antes que ceder respecto al referéndum del 1 de octubre. El jefe del Gobierno catalán instó, al mismo tiempo, al Estado a dirigir todas las acciones legales contra él, en lugar de hacia empleados del Ejecutivo catalán. «Si estoy asumiendo la máxima responsabilidad tengo que aceptar todas las consecuencias».