El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el 2012. El Alto Tribunal considera que el decreto mediante el que se aprobó es, por tanto, inconstitucional. El pleno del tribunal ha admitido así el recurso presentado por el PSOE que sostenía que la amnistía vulneraba el principio de igualdad. Para preservar la seguridad jurídica, los magistrados han decidido, sin embargo, que no han de ser revisadas las regularizaciones realizadas entonces por los defraudadores que sean firmes. En definitiva, la sentencia "no va a tener consecuencias prácticas" para los contribuyentes, según fuentes de Hacienda.

El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público. En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.

JUAN MANUEL PRATS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, momentos antes de la votación del proyecto de Presupuestos del Estado,en el pleno del Congreso de los Diputados.

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el 'caso Púnica'-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

VARAPALO AL GOBIERNO

La sentencia advierte de que la adopción de medidas que, "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

En opinión del Alto Tribunal, el marco legal dibujado por el Gobierno de Mariano Rajoy al establecer una amnistía fiscal sirvió "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".