Después de un mes de enero inhábil para sus señorías, el Congreso de los Diputados vuelve a poner la maquinaria legislativa a funcionar. Hasta 40 reuniones del pleno albergará la Cámara baja antes de que llegue el estío, un periodo al que precederá la triple cita electoral de mayo y que convertirá las sesiones de control al Gobierno en una eterna precampaña. El trabajo parlamentario se inicia con el examen a las cuentas del Estado para el 2019, un escollo que se antoja difícil para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
PP, Ciudadanos, ERC, PDECat, Coalición Canaria y Foro Asturias han presentado enmiendas de devolución a los Presupuestos del PSOE. Basta con una mayoría simple para que alguna de ellas prospere y el Ejecutivo reciba las cuentas de vuelta, lo que hará planear con más fuerza la sombra del adelanto electoral y la disolución de las Cortes. En el recuerdo está la última legislatura de otro socialista, Felipe González, que tuvo que adelantar los comicios después de que CiU le tumbara los presupuestos con una enmienda en 1995. Si aprueban el examen, las cuentas volverán al pleno el 11 de marzo.
La legislatura que arrancó Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no está siendo la más prolija en proyectos de ley, aunque Sánchez empezó a invertir la tendencia a base de decretos leyes que se convertían en proyectos legislativos a su paso por el Congreso. De los 23 que hay ahora en tramitación -Presupuestos aparte-, 19 provienen de decretos leyes. El Gobierno pretende llevar textos a la Cámara que le sirvan como credenciales cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.
Cumplir una promesa
Desde la reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos, a la que aún le queda un largo recorrido parlamentario, hasta la nueva ley de educación -que ya ha sido bautizada como ley Celaá, por la ministra del ramo, y es resultado del fracaso del gran pacto por la educación con el que arrancaba la legislatura-, además de una ley de lucha contra el cambio climático.
Con la nueva norma educativa, Sánchez espera cumplir una de sus promesas antes de llegar a La Moncloa: acabar con la Lomce. Quiere poner fin a los itinerarios educativos, eliminar la Religión de la nota media y crear una nueva asignatura de valores cívicos obligatoria, al estilo de la Educación para la Ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero. En educación, hay otro proyecto de ley que ya está en el Senado: el que reduce la ratio de alumnos en las aulas y las horas máximas semanales de los profesores en la enseñanza no universitaria. La Cámara también tendrá que trabajar en el nuevo impuesto a las transacciones financieras y en la denominada tasa Google.
Los parlamentarios seguirán trabajando en terminar de dar forma a algunos textos de los grupos que podrán estar listos antes de verano, como la ley para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, la de la regulación de la eutanasia, por primera vez en España, o la de derechos del colectivo LGTBI. Varada en la mesa del Congreso continúa la propuesta de Ciudadanos para regular la gestación subrogada, que podría enfrentarse a su primer trámite en el Congreso obligando a todos los grupos a posicionarse.
Mientras los líderes del procés en Cataluña comiencen a desfilar por el Tribunal Supremo, el Congreso retomará la reforma de la ley de indultos con la comparecencia de los expertos que pidieron a última hora los socialistas. El nuevo texto estará listo en este periodo de sesiones, si los partidos no encuentran una nueva triquiñuela con la que alargar el proceso. También quedó pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de que el acuerdo entre PP y PSOE saltara por los aires. Seis meses de plazo se dieron los partidos en diciembre para volver a presentar nuevos nombres.
Entre medias, la reforma del sistema de elección de los magistrados que PP y Ciudadanos aprobaron en el Senado se dio de bruces en el Congreso. Los partidos tendrán una nueva oportunidad en este periodo de sesiones, aunque con las elecciones y el estado de las relaciones entre Gobierno y oposición, se antoja imposible. De hecho, hay pendientes cinco reprobaciones a ministros en el Congreso: Justicia, Asuntos Exteriores, Hacienda, Educación e Industria.
Las negociaciones entre la Moncloa y la Generalitat han elevado el tono de Casado y Rivera contra el presidente, y el primero hasta amagó con una moción de censura sobre la que acabó reconociendo que «no dan los números». Eso sí, la última vez que los números «no daban» cayó el Gobierno.
