El Congreso de los Diputados ha iniciado la senda de la recuperación de la justicia universal. Este principio jurídico, que permite a los tribunales españoles perseguir a los autores de delitos graves (genocidio, terrorismo y tortura, entre otros) sin importar su nacionalidad y dónde los hayan cometido, fue eliminado por el PP en el 2014. Los conservadores tenían entonces mayoría absoluta. Ahora los grupos de la oposición van a aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario para echar atrás esa controvertida reforma, a través de una proposición de ley de ERC, que será debatida y aprobada en el pleno del próximo martes.
El diputado republicano Joan Tardà ha llegado a un acuerdo este jueves con el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, por el que los socialistas se sumarán a la iniciativa de ERC, que contará con una mayoría del hemiciclo, gracias a los votos de estos dos grupos y de Unidos Podemos, el PNV y el PDCat, entre otros. “Ha costado muy poco”, explica Tardà sobre la negociación con Hernando.
El PSOE había registrado su propia proposición de ley para recuperar la justicia universal, que ahora, al apoyar la de ERC, en principio decaerá. Cuando salga aprobada, la iniciativa comenzará el trámite parlamentario de ponencia, deliberación en comisión, pleno y remisión al Senado.
No es este el primer paso del Congreso para tumbar la reforma de la justicia universal del PP. La semana pasada, la Comisión de Justicia sacó adelante una iniciativa de Unidos Podemos en este sentido. Sin embargo, se trató de una proposición no de ley, que solo tiene efectos políticos, limitándose a instar al Gobierno a tomar esas medidas. La iniciativa que se aprobará el próximo martes, en cambio, es de ley y si supera todos los trámites tendráplenos efectos jurídicos, permitiendo volver al sistema, como mínimo, anterior al 2014.
LOS DOS RECORTES
El primer recorte de la justicia universal tuvo lugar en el 2009, de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para evitar conflictos diplomáticos, el Ejecutivo socialista limitó este principio a los delitos donde existiera “algún vínculo de conexión relevante con España”. Hasta entonces, su ámbito de aplicación había sido mucho más amplio, permitiendo a la Audiencia Nacional investigar, entre otros casos, los genocidios en el Tíbet, Guatemala y Ruanda, la represión de Augusto Pinochet en Chile, la persecución en China de la disciplina espiritual Falun Gong y lastorturas en Guantánamo.
Pero la restricción del 2014 fue mucho más allá. Gracias a su mayoría absoluta, el PP aprobó en solitario una reforma de la ley del poder judicial que implicó que solo se pudieran investigar los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano español o uno extranjero que resida habitualmente en España. La medida hizo imposible, por ejemplo, mantener la investigación sobre el caso de José Couso, el cámara de TeleCinco que murió por disparos estadounidenses en Bagdad en el 2003.
ERC quiere ahora dejar sin efecto tanto la reforma del PP como la llevada a cabo por el PSOE en el 2009. Los socialistas pretenden volver al esquema anterior al 2014, evitando la derogación de la reforma, mucho más leve, de Rodríguez Zapatero. “Lo importante es que hemos abierto el melón. Luego veremos hasta dónde llegamos”, concluye Tardà.
