Ya se conoce la primera sentencia del caso Púnica. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó ayer a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, mientras que al también agente de este cuerpo en excedencia José Luis Caro Vinagre le impuso un año y medio, por la filtración de la investigación que se hacía sobre el exsecretario general del PP madrileño en la operación Púnica.
La sentencia considera que el chivatazo produjo un «intenso» daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero. El exsocio de Granados, el constructor David Marjaliza, declaró ante el tribunal que había quemado tres carritos de supermercado llenos de documentación, tras saber a través del exconsejero madrileño que se les investigaba.
En una sentencia, con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, la Sección Primera condena a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. A este último también se le imponen cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los magistrados declaran probado que el 5 de septiembre del 2014, durante las fiestas de la localidad madrileña de Valdemoro, Rodríguez Talamino, que era experto en medios tecnológicos de seguimiento, alertó a Francisco Granados de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba actuando en Pinto y vigilaba el centro comercial Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.
El día 6, a requerimiento de Granados, Caro Vinagre, que era asesor de seguridad de la Comunidad de Madrid, desde que el primero fue consejero de Interior, buscó a Rodríguez Talamino y se entrevistó con él.
Este le confirmó que el Grupo de Delitos contra la Administración había puesto un dispositivo de captación de imágenes en la puerta del despacho de Marjaliza, para grabar a quienes acudieran a verle y «acreditar el pago de comisiones». Caro Vinagre le explicó a Granados que ese cuerpo policial investigaba corrupción.
Entonces Granados le pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios. Y el constructor le pidió a un subalterno que se deshiciera de facturas de regalos, del organigrama de sociedades y testaferros y los contratos en cuya adjudicación había mediado. Además, ocultó el dinero en metálico que guardaba en su caja fuerte. En un altillo en casa de los suegros de Granados se halló un maletín con 922.000 euros en billetes de 500, 200 y 100.
A raíz de la filtración, «los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas», afirma la sentencia.
En el caso de Granados, la Sala destaca que se aprovechó personalmente de la información secreta, fue consejero de Interior y Justicia, y se trataba de un personaje público que había desempeñado cargos electos municipales, autonómicos y estatales, lo que requiere «un especial reproche a su conducta».
HECHOS PROBADOS / En su voto, el juez Poveda se muestra conforme con las penas impuestas, pero discrepa de los hechos probados, al no considerar acreditado el testimonio prestado por Marjaliza y su secretaria, Ana Ramírez, sobre la destrucción de la documentación.
Considera «significativo que aquello que les pudieran afectar de cara al proceso principal es negado o desvirtuado y lo que afecta a otros acusados, confirmado», lo que, en su opinión, les resta verosimilitud.
