Ada Colau se ha pronunciado finalmente este jueves sobre la petición del Govern de que los ayuntamientos catalanes cedan locales públicos para el referéndum del 1 de octubre. A través de dos mensajes en su perfil de Twitter, la alcaldesa ha respondido a la carta enviada por el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que reclaman el apoyo de los consistorios para que permitan que los mismos puntos de votación de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015 sirvan para el 1-O.
En dos mensajes en Twitter, Colau ha informado de que, tal y como le reclama el Govern, ha trasladado al secretario del ayuntamiento el requerimiento para que "compruebe la disponibilidad del dispositivo electoral habitual" y poder dar respuesta sobre el mismo en el plazo de 48 horas dado por Puigdemont y Junqueras. No obstante, la alcaldesa ha insistido en que su consistorio, aunque facilitará "la participación", no pondrá en riesgo ni a la institución ni a los funcionarios del ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Barcelona cumple así con el requerimiento del Ejecutivo catalán porque emana de la ley del referéndum, aprobada anoche y todavía vigente, pero si la norma se declara inconstitucional cambiaría el escenario y el consistorio estudiaría la nueva situación para decidir qué hacer.
LOS DOS BANDOS
Antes de esta manifestación de Colau, Xavier Trias, líder del grupo municipal Decmòcrata en el consistorio, le había pedido dar "un paso adelante" y dejar a un lado las "ambigüedades". "Nos tendrás a tu lado, pero es el momento de hacer un paso hacia adelante y Barcelona debe ejercer su papel", ha declarado el exalcalde, en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.
En el lado contrario de la cancha, PP y Ciutadans han recordado a Colau los riesgos que correría si accede a la solicitud del Govern. El popular Alberto Fernández Díaz le ha recordado que ceder dependencias públicas convertiría al ayuntamiento en "cooperador necesario del independentismo", lo que, a su parecer, podría derivar en "acciones judiciales" en su contra. Por parte de C's, Carina Mejías, también le reclama una postura clara y le advierte de los riesgos de "poner en riesgo a los funcionarios". "No colabore en este abuso de poder que está cometiendo la Generalitat", resume la concejala.
