«Entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre la situación fue claramente insurreccional» en Cataluña. Son prácticamente las palabras con las que el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial al frente de la investigación del procés, describió lo vivido en el otoño del 2017 desde los registros de la operación Anubis al 1-O. El mando habló de «clima» y la fiscalía en sus conclusiones definitivas dice «situación», pero la referencia recogida en el escrito en el que sustenta su acusación de rebelión contra los líderes independentistas aboca a él, tanto como al comisario de los Mossos Ferran López la que reproduce la amenaza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de declarar la independencia si el 1-O había violencia.
Por si había alguna duda, la contundente expresión se acompaña de la relación de incidentes que enumeró Baena para justificarla: «A los 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre, deben sumarse 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 en comisarías y edificios públicos del Estado, 11, en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC y los graves incidentes del 19 y 20 de septiembre».
Ni los antidisturbios
Los cortes de vías férreas y de carreteras que continúan en la enumeración ya estaban en el escrito original. Pero no estaba que la Guardia Civil solicitó «hasta en cinco ocasiones, por el conducto reglamentario, la presencia de refuerzos de orden público de los Mossos» en la Consejería de Economía, ante la concentración de «más de 40.000 manifestantes, cuya masa se agolpaba hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil, lo que les impedía por completo salir del edificio y cumplir las diligencias judiciales que tenían encomendadas».
Para este relato han sido claves muchos de los 422 testimonios oídos en el juicio pero sobre todo el del responsable antidisturbios de los Mossos que contó al tribunal cómo tuvo que «desistir de acercarse para establecer un pasillo y un perímetro de seguridad con las condiciones necesarias para garantizar la salida de los integrantes de la comisión judicial».
A los que el fiscal da más credibilidad es a los mandos policiales y de la Guardia Civil frente a los de los Mossos, aunque solo sea cuando tiene que describir el dispositivo de este cuerpo el 1-O. Lo califica de «ineficaz» y «determinante para la celebración del referéndum». Añade que, «lejos de cumplir el mandato judicial al que venían obligados por imperativo legal, optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado».
Las otras dos novedades incluidas por los fiscales en sus conclusiones son básicamente la modificación de la hoja de ruta introducida por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por la que adelantó el referéndum a septiembre del 2017. Afirman que se firmó de «manera clandestina» para ocultarlo.
