Ciudadanos endureció ayer su posición sobre la prisión permanente revisable después de que el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, haya emprendido una batalla con el partido naranja por hacerse con el electorado conservador al defender a capa y espada una de sus medidas estrella en materia judicial, que fue puesta en marcha durante el primer mandato de los populares.

Albert Rivera anunció a primera hora que su grupo iba a presentar durante el día una enmienda a la totalidad a la iniciativa del PNV destinada a derogar una figura legal que sus detractores consideran una cadena perpetua encubierta. En octubre, cuando se debatió la propuesta peneuvista, C’s se abstuvo y desde entonces su lema ha sido la defensa del cumplimiento íntegro de las penas. Pero ahora ha ido más allá.

La enmienda naranja reclama «un endurecimiento de las condiciones de acceso al tercer grado penitenciario» para presos condenados a prisión permanente o por delitos de especial gravedad, lo que en opinión de Rivera supone «el verdadero debate». «Hemos visto violadores en la calle que reinciden con un tercer grado, asesinos en serie… y lo que propone Ciudadanos es que se endurezca, porque no puede ser que un señor esté de patitas en la calle antes de que cumpla la mitad de la pena», aseguró en una entrevista en la Cope.

RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

El Código Penal prevé el acceso a beneficios penitenciarios a partir de 15 años de condena y 20 en el caso de delitos terroristas. Lo que proponer C’s es elevar este tope a los 20 años, así como endurecer los requisitos para conseguir acceder al tercer grado.

Rivera alegó además que su grupo se abstuvo en la toma en consideración de la iniciativa derogatoria «porque el Tribunal Constitucional todavía tiene que pronunciarse» sobre el recurso presentado por la izquierda y los partidos nacionalistas, que es muy poco probable que cambien de opinión en la tramitación parlamentaria. «No tiene sentido que el PNV, el PSOE y Podemos se erijan en magistrados», argumentó para defender que se espere a un pronunciamiento jurídico antes de derogar una ley en vigor.

El PP, que denunció la «volatilidad» de los naranjas, sigue con su campaña para aprovechar el tirón popular que parece tener la prisión permanente después de que los padres de Diana Quer, junto con otras familias de otras víctimas, se hayan opuesto reiteradamente a su derogación. Los populares buscan además erosionar a C’s por haberse «puesto de perfil» ante este tema.

En las últimas semanas, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, junto a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José, Candela y Amaia, han recogido más de 1,2 millones de firmas para pedir que no se apruebe su derogación.