El PSOE también podría temblar este otoño, quién sabe si en campaña electoral, por otra sentencia judicial de gran calado político que se espera siete años de instrucción después: la del primer juicio de la macrocausa de los ERE de Andalucía.

A la espera del desenlace están los expresidentes autonómicos socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis de sus exconsejeros en la Junta andaluza y otros 14 exresponsables políticos acusados de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, que hicieron que parte del dinero público (741 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción) acabara en manos de «entidades y personas que no cumplían los criterios».

Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación. Para Griñán se piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Ambos expresidentes dejaron de ser militantes del PSOE cuando fueron procesados, pero las derechas, que ahora dirigen la Junta de Andalucía, ya han avanzado que exigirán responsabilidades a la dirección del partido si Chaves y Griñán son condenados.

En la campaña de las últimas elecciones generales, el pasado mes de abril, el Partido Popular y Ciudadanos reclamaron sin éxito al candidato socialista, Pedro Sánchez, que se comprometiera a dimitir en caso de que hubiese condenas.

Lo que le quería recordar es que el líder del PSOE usó la condena al Partido Popular en el caso Gürtel para impulsar la moción de censura que le condujo a la Moncloa y destronó a Mariano Rajoy en el 2018.

Otros tentáculos del caso ERE y otras macrocausas seguirán su cauce en los juzgados de Sevilla, aunque con algún que otro contratiempo. La jueza instructora María Núñez Bolaños ha vuelto a darse de baja por motivos personales, al igual que hizo el pasado mes de junio, pero en este caso lo ha hecho a los dos días de volver de sus vacaciones.