El juicio por la denominada pieza política de los ERE fraudulentos de Andalucía supera ya los tres meses de duración y espera entre esta semana y la próxima al plato fuerte de las declaraciones, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Serán los últimos acusados en responder ante el juez en una causa que ha perdido fuelle después de que los implicados se desdigan de sus acusaciones y defiendan la legalidad de un sistema que repartió 855 millones de euros a empresas en crisis.

El exinterventor de la Junta Manuel Gómez es quien más ha descafeinado el proceso. «Si su vecino le advierte a voces que por su ventana sale humo, ¿llamaría usted a los bomberos para apagar el fuego o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta?», dijo hace seis años como símil de la inacción del ejecutivo socialista para frenar las irregularidades. Ahora admite que «con ojos de hoy, no cabe eso de que se había prescindido total y absolutamente del procedimiento reglado», reduciéndolo a «deficiencias administrativas».

Gómez, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación, confirmó que no reclamó una actuación inmediata porque no apreció «menoscabo de fondos públicos». Una tesis que repiten los exconsejeros de Empleo y Hacienda implicados.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el único miembro del ejecutivo que pisó la cárcel y que afronta ocho años de prisión, también ha reducido el escalón de responsabilidad. Concedió que el gobierno regional puso en marcha «políticas de amortiguación» para paliar el impacto de la quiebra de grandes empresas. El Tribunal Supremo reclama la devolución de una ayuda de 3.8 millones y el Tribunal de Cuentas de dos ayudas por 780.000 euros.